En un giro que ha levantado cejas en distintos sectores de la opinión pública, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), una iniciativa con tintes políticos que busca agrupar a voces críticas del actual gobierno federal. Sin embargo, el discurso del magnate contrasta con sus propios antecedentes legales y fiscales, generando interrogantes sobre la verdadera naturaleza del proyecto.
El anuncio fue realizado en las instalaciones de TV Azteca, empresa propiedad del propio Salinas, donde se reunió con periodistas, analistas y figuras públicas afines a su visión. Entre los convocados estuvieron Lourdes Mendoza, Javier Alatorre, Sergio Sarmiento, Leonardo Curzio y Amparo Casar. La reunión fue presentada como un acto de resistencia frente a lo que describen como una deriva autoritaria del régimen actual.
Durante su intervención, Salinas Pliego planteó una narrativa en la que se presenta a sí mismo y a sus aliados como víctimas de persecución política, comparando la situación del país con contextos como el de Venezuela o Cuba. No obstante, llama la atención que quien encabeza este llamado a la “libertad” y a la “democracia” tenga múltiples litigios con el SAT por el presunto impago de miles de millones de pesos en impuestos.
El empresario —quien ha utilizado frecuentemente sus plataformas mediáticas para confrontar al gobierno— exhortó a los asistentes a “elegir de qué lado están”: del “despojo” o de la “propiedad”, de la “mentira” o la “verdad”, de la “esclavitud” o la “libertad”. Sin embargo, la ambigüedad del planteamiento y la falta de una propuesta concreta dejan más preguntas que respuestas, especialmente cuando quienes lideran el movimiento han formado parte del poder económico durante décadas.
A pesar de no declararlo abiertamente, el evento parece formar parte de una estrategia más amplia que podría anticipar una eventual candidatura presidencial, o al menos, un intento de influir en el rumbo político del país desde el poder mediático y económico. Lo que sí queda claro es que el movimiento no nace desde la sociedad civil, sino desde una cúpula empresarial que ha sabido proteger sus intereses en distintos sexenios.
La creación del MAAC, en lugar de presentarse como una iniciativa ciudadana genuina, parece más una maniobra para blindar al empresario ante crecientes cuestionamientos legales y sociales, mientras intenta posicionarse como una figura política en un contexto preelectoral.
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