La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el empresario Ricardo Salinas Pliego no recibirá ningún trato especial ni beneficios extraordinarios si decide pagar su deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual ha sido ratificada por diversas instancias judiciales.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las posibilidades de que el dueño de TV Azteca negocie con el SAT para reducir su adeudo fiscal. La mandataria respondió que la ley establece ciertos beneficios fiscales, como descuentos en los intereses, pero que estos se aplican a cualquier contribuyente que pague por voluntad propia. Explicó Sheinbaum:
“Cuando una persona, cualquiera que ésta sea, decide pagar frente a una revisión fiscal, algún crédito, la ley establece una serie de descuentos que se pueden aplicar a los intereses” … “Si decidiera pagar, se aplicarían, como a cualquier deudor del fisco, los beneficios previstos por ley. De no ser así, tendría que asumir la resolución de los jueces”.
Sin mencionar directamente a Salinas Pliego, la presidenta puntualizó que no habrá privilegios ni acuerdos especiales fuera del marco normativo. También recordó que, gracias a una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se eliminó constitucionalmente la facultad del Ejecutivo para condonar impuestos, práctica común durante los gobiernos neoliberales. Sentenció Sheinbaum:
“Eso es una forma de autoritarismo, que el presidente decidiera a quién le condonaba impuestos y a quién no, con mucho daño al erario público y al pueblo de México”.
Cabe recordar que en años anteriores Salinas Pliego declaró ante inversionistas haber negociado descuentos con el SAT, aunque posteriormente continuó litigando para frenar los pagos. La actual administración ha insistido en que ningún actor económico está por encima de la ley y que las obligaciones fiscales deben cumplirse sin excepciones.
Con esta postura, Sheinbaum reafirma el compromiso de su gobierno con el estado de derecho y la justicia fiscal, en medio de una etapa clave para fortalecer la recaudación y combatir los privilegios históricos de grandes corporativos.
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