La administración de Nuevo León vuelve a estar bajo el escrutinio público a raíz de una nueva acción legal promovida por las autoridades fiscalizadoras del país. Tras la presentación de una denuncia penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por la presunta triangulación de 928.13 millones de pesos, el gobernador Samuel García Sepúlveda recurrió a sus redes sociales para difundir un posicionamiento emitido semanas atrás, con el que buscó desestimar las acusaciones en su contra.
En su mensaje, el mandatario sostuvo que las auditorías a sus finanzas no son un tema inédito y aseveró que no existen irregularidades en su desempeño público. Asimismo, el gobernante aseguró contar con resoluciones favorables dictaminadas por organismos locales y federales en procesos previos, atribuyendo las recientes denuncias a señalamientos mediáticos reciclados y al conflicto político que mantiene con el Poder Legislativo de la entidad.
Pese a los argumentos defensivos del ejecutivo estatal, el expediente del órgano fiscalizador detalla la existencia de cuatro transferencias bancarias de recursos públicos que habrían terminado en las cuentas de un despacho jurídico vinculado a él y a su padre. Este escenario complica el discurso de transparencia y combate a la corrupción que ha abanderado Movimiento Ciudadano como plataforma de gobierno.
Más allá de la estrategia defensiva basada en reiterar mensajes anteriores, la denuncia formal ante la FGR reabre el debate sobre la rendición de cuentas en la entidad norteña. Con este procedimiento en marcha, Samuel García y el proyecto político de Movimiento Ciudadano enfrentan un creciente desgaste de credibilidad, mientras las instancias judiciales determinan la responsabilidad sobre el manejo de las arcas estatales.
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