En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la crisis hídrica dejó de ser una percepción social para convertirse en un problema estructural reconocido por autoridades y comunidades. Representantes de más de 120 colonias, barrios y fraccionamientos denunciaron la falta de acceso regular al agua potable y señalaron la omisión institucional como uno de los factores que han agravado la situación.
El señalamiento se realizó en el Foro comunitario sobre derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz, convocado por la Secretaría de Gobernación en coordinación con autoridades estatales y municipales, donde se expuso que el problema es resultado de décadas de crecimiento urbano sin planeación, deterioro de ecosistemas y deficiencias en la infraestructura hidráulica.
De acuerdo con lo planteado en el encuentro, la red de distribución presenta pérdidas significativas por fugas, mientras que la falta de mantenimiento y de inversión ha impedido garantizar el suministro continuo en los hogares. A esto se suma la contaminación de ríos, manantiales y humedales, así como la expansión de asentamientos irregulares en zonas ambientalmente vulnerables.
Funcionarios federales reconocieron que la crisis es de carácter multifactorial y acumulativo, vinculada tanto a la presión sobre los recursos naturales como a la debilidad en la planeación territorial. En ese sentido, se planteó la necesidad de diseñar un plan maestro para la gestión sostenible del agua, así como rehabilitar la infraestructura existente y activar plantas de tratamiento.
Desde el ámbito legislativo, se advirtió que el problema no radica en la disponibilidad del recurso en la cuenca, sino en su calidad y en las condiciones de distribución. También se alertó sobre prácticas que agravan el deterioro ambiental, como la extracción irregular de materiales pétreos y la degradación de humedales, considerados clave para la captación de agua.
En paralelo, las comunidades han desarrollado mecanismos propios de abastecimiento, incluyendo sistemas autónomos, captación de agua de lluvia y mantenimiento de redes locales. Sin embargo, coincidieron en que estas acciones son insuficientes frente a una problemática que se intensifica por efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones y temperaturas extremas.
El diagnóstico compartido apunta a una ciudad que ha crecido sin orden, con impactos directos en su capacidad para garantizar servicios básicos. Frente a ello, las organizaciones exigieron la construcción de un plan integral, público y vinculante que atienda el ciclo del agua desde su origen hasta su consumo, con enfoque de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.
Entre las propuestas planteadas se encuentran la incorporación de infraestructura verde en la obra pública, la implementación de auditorías ciudadanas para el uso de recursos y la definición de un modelo de desarrollo urbano que frene la expansión irregular y proteja los ecosistemas estratégicos.
La crisis hídrica en San Cristóbal no sólo refleja un rezago en infraestructura, sino también los efectos de decisiones acumuladas en materia de desarrollo urbano y gestión ambiental, en un contexto donde el acceso al agua continúa siendo un derecho no garantizado para miles de familias.
