San Luis Potosí crea fiscalía especializada en desaparición forzada

El nuevo órgano dependerá de la FGE y contará con unidades de investigación, análisis de contexto y atención psicosocial especializada.

El Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la creación de una Fiscalía Especializada en desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución de estos delitos. La medida busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familias.

Durante la sesión de este 17 de febrero de 2026, las y los legisladores avalaron el decreto que integra este nuevo órgano a la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE). Para su operación en 2026, se asignó un presupuesto de 4 millones 696 mil 305 pesos, conforme al Presupuesto de Egresos estatal.

La iniciativa fue presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías. La nueva fiscalía tendrá la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos vinculados con la desaparición de personas, en un contexto nacional donde este fenómeno sigue representando una grave crisis de derechos humanos.

El decreto establece que el personal deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 69 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Asimismo, el personal ministerial, policial y pericial, así como el de análisis de contexto y apoyo psicosocial, deberá apegarse a los perfiles definidos por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

La nueva fiscalía contará con unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, atención a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, además de un área enfocada en delitos cibernéticos. El decreto también modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la FGE y de la Ley en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí.

Con esta reforma, el Congreso local apuesta por fortalecer las capacidades institucionales frente a uno de los delitos más sensibles y dolorosos para miles de familias en México.

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Fotografía: Redes

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