El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiró la autorización como donatarias a más de 100 organizaciones en México, como parte de un proceso de revisión orientado a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales vigentes.
Entre las asociaciones afectadas se encuentran México Evalúa, vinculada a María Elena Morera, así como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización asociada a María Amparo Casar. La medida implica que estas organizaciones ya no podrán recibir donativos deducibles de impuestos, aunque mantienen su personalidad jurídica y pueden continuar con sus actividades.
De acuerdo con la autoridad fiscal, la cancelación de registros responde a que diversas organizaciones no acreditaron plenamente su objeto social, no actualizaron su información conforme a cambios normativos recientes o dejaron de cumplir con las disposiciones que regulan a las donatarias autorizadas.
Este proceso se enmarca en una política de revisión más estricta sobre el uso de beneficios fiscales, los cuales representan un incentivo financiado indirectamente con recursos públicos.
Revisión normativa y fortalecimiento del padrón
El SAT ha señalado que la depuración del padrón busca garantizar que únicamente las organizaciones que cumplen con los criterios legales puedan acceder a la autorización para recibir donativos deducibles.
En los últimos años, modificaciones en la legislación —particularmente en materia de actividades de investigación y desarrollo— han obligado a diversas asociaciones a acreditar nuevamente su objeto social y sus funciones sustantivas, lo que derivó en revisiones más detalladas por parte de la autoridad fiscal.
Especialistas en materia tributaria coinciden en que este tipo de procesos forman parte de los mecanismos ordinarios de control y supervisión, y que su objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de estímulos fiscales.
Impacto financiero sin cancelación operativa
Aunque la pérdida del estatus de donataria no implica la desaparición de las organizaciones, sí modifica sus condiciones de financiamiento, al eliminar el incentivo fiscal para los donantes.
Las asociaciones afectadas pueden optar por regularizar su situación ante la autoridad o buscar esquemas alternativos de financiamiento para continuar sus actividades.
El gobierno federal ha sostenido que estas acciones forman parte de una estrategia para asegurar un uso adecuado de los beneficios fiscales y mantener un padrón de donatarias alineado con los principios de legalidad y transparencia en el manejo de recursos.
En ese contexto, el retiro de registros se presenta como una medida administrativa que, además de responder a criterios técnicos, busca consolidar un sistema más ordenado en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
