La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirá la revisión definitiva del amparo promovido por Mario Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. La decisión fue tomada por mayoría de seis votos contra dos, durante la sesión del Pleno celebrada este miércoles.
Con esta determinación, el máximo tribunal del país ejercerá su facultad de atracción sobre el amparo 104/2021, originalmente tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, con el objetivo de analizar de fondo la legalidad de la condena de 45 años de prisión impuesta a Aburto.
La resolución implica que la SCJN solicitará el expediente original del caso para turnarlo a una de las ponencias ministeriales, donde se elaborará un proyecto de sentencia que será discutido y votado por el Pleno. No se estableció una fecha límite para este análisis.
El centro del debate jurídico radica en si el homicidio de Colosio debió juzgarse bajo el Código Penal Federal o conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión para el delito de homicidio doloso. La defensa sostiene que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) aplicó de manera incorrecta la legislación federal, pese a que Colosio no era funcionario federal al momento del crimen.
En octubre de 2023, un tribunal colegiado dejó sin efectos la sentencia de 45 años y ordenó emitir una nueva conforme al marco legal estatal, lo que abría la posibilidad de que Aburto recuperara su libertad en marzo de 2024. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó esa resolución, lo que llevó el asunto nuevamente a la Corte.
Posteriormente, el 23 de octubre de 2024, la entonces Primera Sala de la SCJN revocó el fallo, ordenó reponer el procedimiento de amparo y determinó que la familia de Colosio debía ser notificada y considerada dentro del proceso, particularmente para que manifestara su postura respecto a una eventual reducción de la condena.
Durante la sesión de este miércoles, la ministra Sara Irene Herrerías solicitó declararse impedida para conocer del caso, debido a que fue funcionaria de la FGR cuando se promovió el amparo, lo cual fue aprobado por unanimidad.
El caso es considerado por la Corte como relevante para definir el tratamiento jurídico de los procedimientos penales por magnicidio, bajo la premisa de garantizar tanto los derechos de las víctimas como los del sentenciado. Con la atracción del asunto, la SCJN fijará un criterio definitivo sobre la posible reducción de la pena de 45 a 30 años de prisión, así como sobre la competencia del fuero aplicable en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia política reciente de México.
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