La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin al último recurso legal que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego mantenía pendiente en materia fiscal y dejó firme la obligación de Total Play Telecomunicaciones de pagar 645.7 millones de pesos al SAT.
Durante la sesión pública, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó que la empresa ratificó el desistimiento del amparo directo en revisión 2526/2025, con el que pretendía evitar el pago del crédito fiscal. Al confirmar su decisión de no continuar con el recurso, la sentencia previa quedó intacta y la Corte no entró al estudio de fondo.
Con esta determinación, se cierran todos los litigios fiscales de Grupo Salinas ante el máximo tribunal. La autoridad tributaria queda en posibilidad de exigir el cumplimiento del pago conforme a la resolución firme.
El recurso buscaba que el monto del crédito pudiera deducirse y planteaba cuestionamientos sobre la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sin embargo, al retirarse el amparo, esos argumentos quedaron sin revisión y la obligación fiscal permanece vigente.
La resolución ocurre en un contexto en el que el empresario ha acusado públicamente una supuesta persecución política y ha cuestionado la imparcialidad del Poder Judicial. En distintas intervenciones, Salinas Pliego ha sostenido que las decisiones del tribunal responden a intereses externos y ha afirmado que la división de poderes en México está debilitada.
No obstante, las resoluciones judiciales han confirmado los créditos fiscales determinados por la autoridad, y desde noviembre de 2025 la Corte ha ido cerrando los distintos expedientes relacionados con el conglomerado. El pasado 29 de enero de 2026, el grupo realizó un primer pago bajo un esquema de parcialidades ante el Servicio de Administración Tributaria.
En esa ocasión, la ministra Batres destacó que el cumplimiento de obligaciones fiscales debe aplicarse sin excepción y consideró que el pago representaba un avance en la consolidación del Estado de derecho.
Más allá del discurso político del empresario, la resolución deja claro que los adeudos fiscales confirmados por tribunales deben pagarse y que los recursos legales no pueden prolongarse indefinidamente cuando la sentencia ya ha quedado firme.
El cierre de este último amparo marca el fin de una etapa judicial relevante para uno de los conglomerados empresariales más grandes del país y refuerza un principio básico: las obligaciones tributarias no son opcionales, incluso para los grandes corporativos.
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