La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un giro decisivo en la prolongada batalla jurídica entre el Estado mexicano y Grupo Salinas, al publicar el pasado 24 de noviembre los engroses de siete sentencias que ponen fin a igual número de juicios fiscales. Con ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) queda finalmente habilitado para ejecutar el cobro de créditos que ascienden a más de 48,326 millones de pesos, correspondientes a ISR, actualizaciones, recargos y multas acumuladas entre 2008 y 2013.
La decisión representa un golpe jurídico de gran calado para las empresas del conglomerado —principalmente Grupo Elektra y TV Azteca— que durante más de una década mantuvieron una estrategia de litigio para frenar el pago de impuestos determinados por la autoridad fiscal.
La publicación de los engroses —documentos donde la Corte formaliza y detalla los argumentos finales de sus resoluciones— es el acto que activa plenamente los efectos legales de las sentencias. Aunque el pleno ya había confirmado desde el 13 de noviembre las decisiones de tribunales colegiados en favor del SAT, dichos fallos no podían ejecutarse hasta que los engroses fueran emitidos.
Con su publicación, cada expediente regresa a los tribunales de origen para que comiencen los plazos de cumplimiento y se notifique a las partes. En términos prácticos, esto significa que el SAT tiene ya la vía abierta para iniciar los cobros coercitivos.
Un litigio aún pendiente
Aunque la Corte ya destrabó siete juicios esenciales, queda un octavo caso por formalizar. Se trata del asunto resuelto el pasado 19 de noviembre, en el que la SCJN validó que el SAT actuó conforme a la ley al imponer una multa por más de 67 millones de pesos a Nueva Elektra del Milenio, empresa del mismo conglomerado, por declarar pérdidas mayores a las reales en el ejercicio fiscal de 2012.
La resolución ya fue adoptada por el pleno, pero su engrose sigue pendiente de publicación.
Con la formalización de las sentencias, el SAT puede proceder a cobrar la que podría ser una de las deudas fiscales más cuantiosas reclamadas a un grupo empresarial en la historia reciente del país. La batalla jurídica parece inclinada definitivamente hacia el lado del Estado mexicano, que ahora tiene la facultad de activar embargos, compensaciones u otras formas de ejecución para garantizar el pago.
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