La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que las ministras y ministros no utilizarán las camionetas blindadas recientemente adquiridas, y que además se iniciará el proceso para vender 21 vehículos del parque vehicular, en una decisión que busca responder a los cuestionamientos sociales y reforzar el discurso de austeridad en el Poder Judicial.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la determinación se tomó tras un diálogo interno y luego de escuchar la crítica pública, subrayando que “la austeridad no es un acto simbólico, sino una política de administración responsable”, que debe ejercerse sin comprometer la seguridad ni la operación institucional.
Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz explicó que desde 2010 existe una política de seguridad para ministros, que contempla el uso de vehículos blindados debido a la alta responsabilidad del cargo. Sin embargo, señaló que la actual integración de la Corte decidió no utilizar las nuevas unidades, pese a que su adquisición respondió a razones de seguridad vial y no a condiciones de inseguridad en el país.
El ministro detalló que al inicio de la nueva administración judicial se recibieron 39 vehículos modelos 2019, 2020 y 2021, ya que cuatro unidades fueron compradas por ministros en retiro, conforme a un acuerdo vigente en la integración anterior. Estas unidades, dijo, presentaban deterioro mecánico, fallas recurrentes y blindaje con vida útil vencida, lo que fue confirmado por dictámenes técnicos y análisis de riesgo de instancias internas y autoridades de seguridad.
Con base en esas evaluaciones, la SCJN había decidido renovar el parque vehicular; no obstante, ante la polémica generada por la compra de camionetas de alto valor, el Pleno resolvió no utilizarlas y avanzar en la desincorporación de 21 unidades, sin afectar el funcionamiento del máximo tribunal.
Aguilar Ortiz destacó que esta decisión se da en un contexto en el que los ministros han incrementado los viajes terrestres al interior del país, como parte de una política de cercanía, escucha y diálogo con la ciudadanía. “Somos una institución que escucha y no hace oídos sordos a la opinión pública”, enfatizó.
Por su parte, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, informó que el presupuesto del Poder Judicial para 2026 será de 70 mil 5 millones de pesos, lo que representa una reducción de 18.6% respecto al proyecto original, lo que ha obligado a replantear esquemas de gasto.
Vargas explicó que el Poder Judicial contaba con 551 vehículos bajo un esquema de arrendamiento, por lo que se optó por la compra de unidades para generar ahorros. Detalló que el esquema de adquisición permitirá un ahorro superior a mil millones de pesos en tres años, al reducir costos de renta, mantenimiento y gasolina.
Finalmente, el ministro presidente reiteró que la seguridad no equivale a lujo y que la Corte seguirá actuando bajo criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia e interés público, siempre sujeta al escrutinio ciudadano. Incluso, afirmó que los vehículos adquiridos podrían destinarse a jueces que enfrenten mayores riesgos, dentro del marco legal.
“Yo puedo andar hasta en el Metro, no tengo problema”, sentenció Aguilar Ortiz, al insistir en que la nueva Corte busca marcar distancia con los excesos del pasado y actuar con congruencia frente a la exigencia social de austeridad.
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