El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos negó que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, cuenten con un permiso especial para ingresar a territorio estadounidense. La aclaración desmiente una de las versiones difundidas en torno a los señalamientos sobre la situación migratoria de ambos mandatarios mexicanos.
De acuerdo con la información dada a conocer, el DHS respondió a una solicitud formal y precisó que ambos gobernadores no han sido beneficiados con el permiso conocido como “parole”. Este mecanismo permite el ingreso temporal a Estados Unidos bajo criterios discrecionales, pero la dependencia estadounidense negó que aplique para Durazo y Villarreal.
La polémica surgió luego de reportes que afirmaron que a ambos gobernadores se les había cancelado la visa por presuntas investigaciones en Estados Unidos y que, pese a ello, podían ingresar mediante un permiso especial. La respuesta del DHS contradice esa parte de la narrativa y abre un nuevo frente sobre la solidez de las versiones difundidas.
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió al tema y sostuvo que la aclaración confirma que se han movido versiones sin sustento suficiente. La presidenta atribuyó este tipo de señalamientos a sectores de la ultraderecha en México y Estados Unidos, interesados en golpear la relación bilateral y alimentar sospechas políticas sin pruebas concluyentes.
La ultraderecha y la presión mediática contra México
Sheinbaum también señaló que algunos sectores buscan utilizar temas de seguridad y migración como instrumentos de presión política contra México. La mandataria planteó que estas narrativas no necesariamente representan una posición unificada del gobierno estadounidense, sino intereses específicos que intentan tensar el ambiente público.
El caso ocurre en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad, particularmente bajo el gobierno de Donald Trump. Desde una lectura política, la difusión de señalamientos sin documentación completa beneficia a sectores que buscan presentar a México como subordinado a decisiones tomadas desde Washington.
Tanto las autoridades estatales como el gobierno federal han rechazado que existan notificaciones oficiales que respalden todas las afirmaciones difundidas contra los mandatarios. La precisión del DHS no cierra todos los aspectos del caso, pero sí desmiente el supuesto permiso especial que había sido colocado como pieza central de la polémica.
Con ello, el episodio deja ver cómo una versión difundida desde medios estadounidenses puede escalar rápidamente en el debate mexicano. Frente a ese escenario, el gobierno de Sheinbaum busca colocar el tema en el terreno de la soberanía, la verificación y la responsabilidad informativa ante campañas que pueden ser utilizadas políticamente por la derecha.
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