El proceso para retirar el fuero a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas continúa sin resolución, pese a que desde 2022 se han impulsado al menos seis intentos para que enfrente investigaciones penales sin inmunidad constitucional. El caso mantiene bajo presión al dirigente nacional del PRI, señalado por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y otros posibles delitos durante su etapa como gobernador de Campeche.
La solicitud más relevante fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que acusa al priista por un presunto desvío de 83 millones 500 mil pesos entre 2015 y 2019. Aunque el expediente llegó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el trámite ha quedado atrapado entre pausas legislativas, cambios políticos y falta de una definición pública, lo que ha prolongado el blindaje procesal del senador priista.
El procedimiento inició formalmente en agosto de 2022, cuando la Fiscalía campechana pidió quitarle la inmunidad constitucional. Desde entonces, el expediente ha pasado por momentos de reactivación y congelamiento. La parálisis ha alimentado dudas sobre si el desafuero de Alito ha sido tratado como un asunto jurídico o como una pieza de negociación política, especialmente por los movimientos del PRI en votaciones clave del Congreso.
A los señalamientos iniciales se sumaron nuevas denuncias. En 2024, el entonces diputado Miguel Prado acusó a Moreno de un posible desvío de 3 mil 941 millones de pesos, además de presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones ha derivado en una resolución definitiva contra el priista, pero sí han reforzado el desgaste público alrededor de su liderazgo.
La presidenta Claudia Sheinbaum también reactivó el debate al plantear que, en casos de corrupción acreditada, sería mejor recuperar los recursos públicos antes que centrar todo en una detención. Alito respondió presentándose como víctima de persecución política, una estrategia que especialistas interpretan como parte de su narrativa para confrontar al gobierno y mantenerse políticamente vigente pese a las acusaciones.
El caso llega a 2026 sin dictamen, sin votación y sin fecha clara para resolverse. Mientras el desafuero sigue congelado, Alito Moreno conserva su escaño, dirige al PRI y mantiene una posición de choque contra el gobierno federal, aunque su permanencia también exhibe la crisis interna de un partido debilitado, con señalamientos graves sobre su dirigente y un futuro electoral cada vez más cuesta arriba.
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