La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha tomado una decisión contundente al rechazar el proyecto de extracción minera promovido por empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, un presunto deudor fiscal, en el ejido de Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí.
El plan de explotación minera, que pretendía intervenir unas 500 hectáreas de terrenos de uso común, tenía como objetivo la extracción de minerales como oro, litio, plata y titanio. El proyecto, denominado “Banco de Materiales Castillos”, fue impulsado por la empresa Inkasteca Drilling, que solicitó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para intervenir inicialmente en 95 hectáreas del ejido.
Tras un riguroso análisis técnico, la Semarnat determinó que el estudio presentado por la empresa contenía irregularidades graves, como la remoción parcial o total de vegetación forestal y el cambio de uso de suelo en áreas protegidas, lo cual violaba la legislación ambiental vigente. Esta resolución también se basa en la protesta de los habitantes de Corcovada, quienes denunciaron que desde 2021 se realizaron estudios de suelo bajo el pretexto de pruebas geológicas, pero a cambio, los promotores del proyecto no cumplieron las promesas de construir un pozo de agua y mejorar el sistema de drenaje local.
El rechazo al proyecto no solo proviene de las autoridades, sino también de los habitantes de la zona, quienes se sienten vulnerables ante lo que consideran un intento de despojo de sus tierras. Colectivos de protección ambiental, como Guardianes de la Sierra, han alertado que el proyecto podría ser mucho más ambicioso de lo que se había dado a entender inicialmente, ya que se buscaría la extracción de otros minerales estratégicos como la plata y el titanio.
De acuerdo con varios ejidatarios, quienes prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, han sido presionados para vender sus tierras. De los 197 ejidatarios registrados, solo 60 estarían dispuestos a vender, mientras que la mayoría se opone rotundamente al proyecto debido a los riesgos ambientales y sociales que conlleva.
“El proceso de compra es simple: compran lo que quieren y a quien se interponga lo sacan del camino”, señalaron algunos ejidatarios, quienes aseguran haber sido objeto de presiones directas para ceder sus propiedades.
La resolución de Semarnat detiene, al menos por ahora, la expansión de proyectos extractivos en tierras ejidales, subrayando su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades frente a los intereses empresariales.
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