El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio. La modificación busca establecer un tipo penal homogéneo en todo el país, así como sanciones uniformes, estándares comunes de investigación y mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El dictamen fue avalado con 109 votos y turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Durante la discusión, legisladores destacaron que la reforma pretende responder a una de las principales fallas del sistema actual: la dispersión normativa entre entidades. Actualmente, México cuenta con 33 códigos penales distintos, lo que ha generado criterios desiguales para investigar, tipificar y sancionar el feminicidio, provocando que el acceso a la justicia dependa en gran medida del estado donde ocurra el delito. Esta fragmentación, advirtieron, ha favorecido escenarios de impunidad.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, sostuvo que la reforma representa una decisión de Estado frente a la violencia feminicida. Explicó que el objetivo es construir una base legal que unifique definiciones, punibilidades y criterios de actuación, para que todas las mujeres en México tengan el mismo derecho a una investigación con perspectiva de género y a una respuesta institucional efectiva. La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el debate, senadores de Morena señalaron que la reforma busca que el Estado mexicano actúe como un solo frente ante este delito. Desde la tribuna se insistió en que el feminicidio no puede seguir enfrentándose con marcos legales dispersos ni con respuestas diferenciadas, pues eso debilita la capacidad de sanción y profundiza la deuda institucional con las víctimas y sus familias. También se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
La discusión legislativa también estuvo marcada por referencias a casos emblemáticos que evidencian la persistencia de la violencia feminicida en el país. El senador Juan Carlos Loera de la Rosa evocó los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez como una herida nacional aún abierta, mientras el pleno recordó nombres de víctimas como Digna Ochoa y Miroslava Breach, en un gesto para visibilizar la deuda del Estado con las mujeres. El tema fue abordado como una exigencia histórica de justicia.
Aunque el respaldo a la reforma fue unánime, desde la oposición se advirtió que el cambio legal deberá acompañarse de recursos suficientes para evitar que quede sólo en el plano normativo. Legisladores coincidieron en que homologar el delito de feminicidio es un paso relevante, pero señalaron que su eficacia dependerá de fiscalías, ministerios públicos, presupuestos y políticas públicas capaces de traducir la reforma en investigaciones sólidas y sanciones reales. El siguiente paso será su discusión en San Lázaro.
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