El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional para poner límite a las llamadas “pensiones doradas” en organismos del Estado, una medida que establece un tope cercano a 70 mil pesos mensuales para las jubilaciones de altos mandos del sector público descentralizado. La modificación al artículo 127 de la Constitución fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada con 116 votos a favor en el pleno.
La reforma fija que ningún exfuncionario de confianza de empresas productivas del Estado, organismos paraestatales o banca de desarrollo podrá recibir una pensión superior al 50% del salario presidencial. Con esta medida, el gobierno federal busca reducir esquemas de retiro considerados desproporcionados, ya que en algunos casos se han registrado jubilaciones que alcanzan cientos de miles de pesos e incluso más de un millón mensual.
Durante la discusión, senadores de Morena defendieron la iniciativa al señalar que corrige privilegios acumulados durante años en distintas instituciones públicas y que resulta necesario establecer límites frente a las pensiones que reciben la mayoría de los trabajadores en el país. Desde esa postura, legisladores oficialistas argumentaron que la reforma busca ordenar el gasto público y eliminar beneficios que generaban desigualdad dentro del sistema de retiro del sector público.
Aunque la oposición respaldó el objetivo de eliminar jubilaciones millonarias, algunos legisladores plantearon reservas sobre el diseño de la reforma. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, explicó que su bancada votó a favor por considerar injustificables esos montos, aunque expresó dudas sobre el mecanismo para fijar el límite de las pensiones. En tanto, senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano también manifestaron preocupaciones sobre algunos alcances de la medida, aunque finalmente acompañaron la aprobación del dictamen.
El gobierno federal estima que la reducción de estas jubilaciones permitirá generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales y otras políticas públicas. Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y posteriormente ratificada por los congresos estatales para completar el proceso constitucional.
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