Con 74 votos de Morena y sus aliados, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. El objetivo, según la bancada oficialista, es fortalecer el marco legal para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, aunque la oposición cuestionó la ambigüedad de las medidas.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis. En el último momento se eliminó toda mención al financiamiento al terrorismo, pues este ya se encuentra tipificado en el Código Penal y en tratados internacionales. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva correspondiente, advirtiendo que mantener dicha figura provocaría conflictos legales.
Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la UIF, al recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. “¿Se hicieron ojo de hormiga?”, lanzó al pleno.
Guadalupe Chavira (Morena) defendió a la UIF y a Hacienda, asegurando que ya se ha iniciado una investigación. No obstante, desde la oposición se señaló que la reforma puede abrir la puerta a “vigilancia sin control y sospechas sin pruebas”, como lo expresó Ramírez Acuña.
Claudia Anaya (PRI) denunció que esta medida “es un paso más hacia la militarización del país”, pues da a la Guardia Nacional, conformada por militares, atribuciones de investigación en casos de lavado de dinero. La bancada de Morena negó tajantemente estas acusaciones, calificándolas de infundadas.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, recordó que la ley reformada no es penal ni permite persecución judicial, sino que establece medidas preventivas y administrativas. Subrayó que las atribuciones de las dependencias no se modifican ni se invaden competencias del Ministerio Público.
Una parte del debate se centró en la figura de las Personas Políticamente Expuestas, es decir, personas con funciones públicas que pueden ser blanco de vigilancia. Oscar Cantón Zetina (Morena) defendió esta disposición, argumentando que ayuda a desmantelar redes de corrupción y encubrimiento clientelar usadas por la delincuencia organizada.
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