El Senado aprueba un nuevo marco legal para transformar el sistema de seguridad pública en México, centrado en la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos humanos y el uso estratégico de inteligencia. Con el aval legislativo, se expidieron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, propuestas impulsadas desde el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.
Ambas leyes buscan superar el viejo paradigma del uso excesivo de la fuerza, apostando por una estructura de seguridad con enfoque preventivo, tecnologías avanzadas y participación ciudadana.
Una arquitectura nacional de seguridad coordinada
La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública articula la colaboración entre los tres niveles de gobierno. Se implementarán registros nacionales obligatorios, como el de armamentos, detenciones, mandamientos judiciales, violencia de género, medidas cautelares y vehículos robados.
También se fortalece el funcionamiento de centros de control y mesas de paz, además de dar lugar a mecanismos de justicia cívica con enfoque comunitario para prevenir conflictos desde lo local.
Guardia Nacional, estados y municipios en nuevo rol
Se reconoce formalmente a la Guardia Nacional como parte del sistema, con participación activa en las conferencias nacionales de seguridad. A su vez, las entidades federativas podrán definir sus propias estrategias de seguridad, siempre en sintonía con la estrategia nacional. Los municipios también tendrán facultades claras para profesionalizar sus cuerpos policiacos e impulsar la proximidad social.
Una red de inteligencia con control estatal
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública crea la Plataforma Central de Inteligencia, bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este sistema podrá consultar y cruzar datos provenientes de instituciones públicas y, de forma regulada, de registros de entes privados.
Se prevé el uso de tecnologías como inteligencia artificial para procesar información masiva, con el objetivo de generar “productos de inteligencia” útiles en la prevención e investigación del delito.
Críticas: ¿avance estratégico o vigilancia encubierta?
Aunque la ley fue aprobada por mayoría en comisiones y en el pleno, diversos sectores críticos la han calificado como una “Ley Espía” por la amplitud de facultades en materia de interconexión de bases de datos, incluidas las privadas.
Sin embargo, desde el Senado se defiende la iniciativa como un paso hacia una seguridad pública democrática, coordinada y moderna. La senadora Lucía Trasviña Waldenrath afirmó: “Se trata de instrumentos que proyectan el rumbo estratégico que nuestro país necesita para consolidar la paz, la justicia y recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones”.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez celebró la aprobación como un “hito en la evolución de la procuración de justicia y la prevención del delito”, destacando que estas reformas responden a las amenazas del crimen organizado y a la violencia sistémica.
Análisis progresista: entre transparencia y control
Desde una mirada crítica y de izquierda, estas leyes abren una oportunidad para modernizar la seguridad pública, pero también plantean desafíos urgentes en materia de protección de datos personales, rendición de cuentas y garantías democráticas frente al uso masivo de inteligencia y tecnología.
La clave estará en cómo se implementen estos instrumentos, qué controles ciudadanos se establezcan y si realmente sirven para reducir la violencia estructural sin criminalizar a sectores vulnerables.
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Fotografía: Redes
