La senadora de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa anunció que el Senado revisará el marco normativo de las academias militarizadas privadas tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante actividades vinculadas con la Academia Militarizada Doenitz. Las autoridades investigan si la menor murió por asfixia bajo el agua.
La legisladora explicó que el análisis se concentrará en el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, expedido en 1943. Consideró que sus disposiciones resultan insuficientes frente a las actuales leyes de protección de niñas, niños y adolescentes, además de mantener la supervisión de estos centros bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El ordenamiento permite impartir formación militarizada desde primaria hasta niveles técnicos profesionales, así como clases de tiro desde secundaria y grados internos similares a los de las Fuerzas Armadas. Chavira señaló que esta estructura puede facilitar relaciones jerárquicas en las que ciertos alumnos ejercen autoridad sobre otros, sin controles adecuados para impedir abusos.
Antecedentes revelan fallas en la vigilancia de los planteles
La senadora sostuvo que las academias privadas no cuentan con facultades para permitir novatadas ni organizar cursos de verano fuera de la regulación vigente. También pidió investigar la actuación de los responsables del plantel relacionado con Dafne y planteó suspender temporalmente este tipo de actividades mientras se revisan las normas educativas y de protección civil.
Como antecedente, recordó la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, también de 13 años, registrada en 2025 durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin, en Morelos. Su familia denunció que el adolescente sufrió golpes y maltrato por parte de otros estudiantes. Aunque el plantel fue clausurado mientras avanzaban las investigaciones, posteriormente reanudó clases en línea.
Chavira propuso que la Secretaría de Educación Pública reciba facultades claras para regular y supervisar estas instituciones, debido a que concentra la política educativa nacional. La revisión legislativa buscará establecer controles sobre campamentos, cursos de verano, disciplina, protección civil y derechos humanos, además de garantizar justicia para menores que hayan sufrido violencia dentro de estos espacios.
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