SHCP ‘ajusta los tornillos’ a instituciones financieras tras presiones internacionales

Se espera que la elevación de las barreras al uso del sistema financiero internacional ayude a cumplir estándares internacionales

CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE JULIO DE 2025. Este jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas para fortalecer la vigilancia y regulación sobre instituciones financieras en México.

Las modificaciones, atípicamente emitidas para cubrir en simultáneo a bancos, casas de bolsa, intermediarios no bancarios, fintechs, almacenes y entidades de fomento, llegan en el contexto de fuertes señalamientos por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en el sistema financiero nacional.

A continuación, algunas de las modificaciones más importantes que contienen los cinco decretos publicados hoy para cada tipo de institución financiera.

Instituciones de crédito se pondrán más exquisitas con identificaciones que reciban y tendrán que ampliar archivo

El decreto correspondiente robustece los requisitos de identificación de clientes y beneficiarios finales. Los bancos deberán documentar con mayor rigor la identidad de las personas físicas y morales que reciban servicios, y mantener esa documentación por al menos diez años. Además, se refuerzan los controles sobre operaciones inusuales y se exige a los bancos aplicar una evaluación basada en riesgos para prevenir movimientos sospechosos. Se introduce la obligación de planes de prevención de fraude y de monitoreo transaccional con autenticación reforzada para operaciones fuera del perfil del cliente.

Casas de bolsa deberán desarrollar olfatos de sabueso a la hora de rastrear titularidades accionarias

Las modificaciones demandan mecanismos más estrictos de rastreo de titularidad accionaria y movimientos de capital, así como controles internos reforzados sobre la identificación de los verdaderos beneficiarios de las operaciones bursátiles. Se requiere la integración de manuales internos de políticas antilavado y la capacitación continua del personal respecto a la detección de conductas atípicas.

Almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y SOFOMES reguladas exigirán más condiciones, para otorgar créditos por menores montos

El nuevo marco limita los montos y condiciones de otorgamiento de créditos, especialmente en uniones de crédito, obligando a que se verifique si los socios forman parte de grupos de riesgo. También se establecen mayores exigencias de documentación y justificación para las operaciones, con enfoque en la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Instituciones de tecnología financiera (Fintech) pedirán hasta el acta de bautizo del Beneficiario Controlador

El decreto correspondiente a este rubro actualiza las disposiciones para que incluyan una identificación más exhaustiva del beneficiario controlador, criterios de monitoreo automatizado para operaciones inusuales y el reporte inmediato de transacciones sospechosas. Las fintechs deben implementar mecanismos de control interno y auditoría para detectar y mitigar riesgos relativos al lavado de dinero con tecnología financiera.

Organismos y entidades de fomento deberán desarrollar facultades divinatorias

Aquí, el nuevo estándar exige mayor transparencia y documentación de las operaciones de financiamiento, particularmente respecto a la procedencia y destino de los fondos canalizados a programas públicos o sociales. Además, deben remitir información periódica detallada de su situación financiera y operaciones relevantes a los organismos supervisores.

Pero, ¿a dónde se dirigen todos estos cambios?

La lógica transversal de las reformas es fortalecer la trazabilidad y el control sistémico del flujo de recursos dentro del sector financiero mexicano. Todos los cambios enfatizan la identificación del beneficiario final, la documentación exhaustiva y la supervisión preventiva de movimientos inusuales, con especial atención a grupos y operaciones de alto riesgo.

El objetivo común, entonces, consiste en elevar las barreras al uso del sistema financiero nacional para actividades ilícitas y cumplir estándares internacionales, minimizando amenazas de sanciones extranjeras y asegurando la estabilidad y confianza en la economía mexicana.

FOTOGRAFÍA: AGENCIA ENFOQUE

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