La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a versiones publicadas por medios españoles sobre una presunta salida de Iberdrola del mercado mexicano. La mandataria negó que exista incertidumbre jurídica y aclaró que el problema radica en prácticas ilegales de autoabasto por parte de algunas empresas energéticas.
Desde Palacio Nacional, la presidenta explicó que las normas actuales en materia energética son claras, y que la exigencia del Gobierno federal es que las empresas se apeguen a la legalidad vigente. No existe justificación legal para que Iberdrola abandone México, subrayó, y recordó que hay una mesa de diálogo abierta para que las compañías que operan en esquemas irregulares puedan regularizar su situación.
Aunque evitó confirmar la supuesta retirada de la firma española, Sheinbaum señaló que hasta hace unos días, la empresa todavía manifestaba interés en seguir invirtiendo en el país, lo que contradice la versión de su salida. Según información difundida por El Confidencial, Iberdrola habría contratado a Barclays Bank para vender 15 de sus plantas, en su mayoría de energía renovable, mientras lanza una ampliación de capital en Estados Unidos y Reino Unido.
La presidenta explicó que muchas de las plantas de Iberdrola funcionaban bajo el modelo de sociedades de autoabasto, un esquema que, aunque se originó durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, contraviene la Constitución. Dicha figura legal permitía que empresas generaran energía para sí mismas, pero en la práctica se transformó en una forma de comercializar energía eléctrica de manera privada, aprovechando la infraestructura pública sin pagar lo correspondiente por su uso.
Durante la administración anterior, se concretó la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola, con apoyo de Banobras, lo cual reforzó el objetivo de garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome el control del 54% de la generación eléctrica nacional.
Sheinbaum enfatizó que la participación privada sigue siendo viable, ya que el modelo eléctrico actual permite que el 46% de la generación esté en manos del sector privado. Sin embargo, esta participación debe realizarse en conformidad con la ley y con preferencia por fuentes renovables, en línea con los lineamientos de la Reforma Eléctrica de la Cuarta Transformación (4T).
La presidenta insistió en que la ilegalidad de las sociedades de autoabasto se mantiene, pese a las reformas de administraciones pasadas. Aclaró que producir energía para consumo propio y vender el excedente a CFE es legal, pero crear redes privadas de distribución disfrazadas de autoabasto no lo es. Empresas que aún operan bajo ese modelo deben transitar hacia esquemas legales ya existentes, como vender energía directamente a la CFE o al mercado eléctrico que permanece abierto.
“No es un tema ideológico, es un asunto de estabilidad del sistema eléctrico nacional”, concluyó Sheinbaum, al explicar que una CFE fuerte beneficia a todos los sectores: ciudadanos, empresas y al propio desarrollo energético del país.
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