La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ampliará el periodo de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que representantes de las comunidades solicitaron más tiempo para revisar su contenido. Durante un encuentro realizado este 12 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa no llegará al Congreso de la Unión hasta que los pueblos concluyan el proceso de diálogo. La propuesta contempla incorporar mecanismos de financiamiento, programas de infraestructura y el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
El anuncio ocurrió durante la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, ante representantes de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano. Sheinbaum recordó que inicialmente contemplaba presentar la iniciativa este mismo lunes, pero las comunidades identificaron asuntos que requieren mayor discusión. “Ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión”, expresó la presidenta al señalar que respetará los tiempos de consulta. Entre las participantes estuvo Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo tojolabal de Chiapas, quien entregó una propuesta y solicitó ampliar el plazo.
Sheinbaum plantea fortalecer recursos y derechos de los pueblos indígenas
Además de extender la consulta, Sheinbaum planteó incorporar a la legislación el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia y los Caminos Artesanales. La mandataria señaló que los recursos para infraestructura comunitaria pasaron de 13 mil millones de pesos en 2025 a 14 mil millones en 2026, mientras que para 2027 proyecta 27 mil millones de pesos. También propuso establecer garantías legales para proteger estos fondos y consideró su posible reconocimiento constitucional si las comunidades lo solicitan.
Por su parte, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que entre 2025 y 2026 el FAISPIAM acumuló 25 mil 424 millones de pesos ejercidos en 52 mil 547 obras. También reportó 77 asambleas regionales, 19 mesas de trabajo y 2 mil 287 aportaciones para elaborar la ley. Asimismo, indicó que los 22 Planes de Justicia beneficiaron a 2.6 millones de personas indígenas de 14 estados. Por ahora, el Gobierno federal no ha establecido una nueva fecha para enviar la iniciativa al Congreso, pues el proceso continuará mediante la participación de las comunidades.
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