La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal mantiene en curso solicitudes de extradición contra empresarios estadounidenses presuntamente involucrados en la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”.
Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá informar públicamente sobre los avances procesales cuando sea jurídicamente posible.
Sheinbaum detalló que algunos de los empresarios señalados participaron en la introducción de combustible a territorio mexicano sin el pago correspondiente de impuestos. Confirmó que entre los involucrados se encuentran integrantes de la familia Jensen, grupo empresarial estadounidense acusado de operar durante tres años un esquema ilícito que permitió el ingreso de casi tres mil cargamentos de petróleo crudo a México.
De acuerdo con investigaciones difundidas previamente en Estados Unidos, la red habría obtenido ganancias cercanas a 300 millones de dólares y presuntamente contó con respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que habría recibido pagos por facilitar las operaciones.
La presidenta subrayó que continúan abiertas líneas de investigación y que aún existen órdenes de aprehensión pendientes relacionadas con el contrabando de combustibles. Recordó que en su momento hubo detenciones de elementos de la Marina tras denuncias internas.
En paralelo, Sheinbaum descartó que exista alguna investigación contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, luego de la difusión de audios atribuidos al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció presuntos actos de corrupción antes de ser asesinado.
Trazabilidad con códigos QR
Como parte de las acciones para combatir el “huachicol fiscal”, la mandataria destacó la implementación de códigos QR visibles en pipas que transportan combustible. Estos códigos, emitidos por la Secretaría de Energía, permiten a autoridades como la Guardia Nacional verificar en tiempo real el origen y destino del producto.
El sistema, explicó, forma parte de un esquema de trazabilidad desarrollado por el SAT, Energía, Aduanas y Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha contribuido a reducir significativamente el transporte ilegal de hidrocarburos.
Sobre el impacto económico del contrabando, Sheinbaum señaló que la estimación de 600 mil millones de pesos en afectaciones al erario corresponde a cálculos basados en volúmenes de combustible que no pagaron impuestos, derivados de cambios en patrones de venta.
Sheinbaum reiteró que la cooperación con autoridades estadounidenses continúa y que las investigaciones por contrabando de combustible avanzan tanto en México como en Estados Unidos.
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