La entrega de predios a comunidades ódami en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, forma parte de una política de Estado que, desde el inicio de su sexenio, ha colocado la justicia para los pueblos originarios como uno de los ejes centrales del llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación.
Lejos de tratarse de acciones aisladas, los Planes de Justicia impulsados por el Gobierno federal buscan saldar una deuda histórica mediante hechos concretos: restitución de tierras comunales, reconocimiento legal de territorios ancestrales, acceso al agua, inversión en infraestructura básica y presencia permanente del Estado en regiones históricamente marginadas.
Chihuahua: restitución de tierras y dignidad para los pueblos de la Sierra Tarahumara
En la Sierra Tarahumara, el Plan de Justicia ha significado la restitución y reconocimiento de tierras comunales para pueblos rarámuri y ódami, condición indispensable para reconstruir la vida comunitaria en una región marcada por el despojo, la pobreza estructural y la ausencia institucional.
La entrega de predios en comunidades como Santa Tulita se inscribe en un proceso más amplio que busca garantizar certeza jurídica sobre el territorio, fortalecer la autonomía indígena y abrir la puerta a otros derechos: producción comunitaria, acceso a programas públicos y defensa legal frente a intereses privados.
La presencia constante de la presidenta en esta región —con visitas previas a Mogótavo y Baborigame— ha enviado un mensaje político claro: la justicia para los pueblos originarios no se administra desde oficinas, sino desde el territorio.
Nación wixárika: restitución territorial y reconocimiento histórico
Uno de los avances más significativos del sexenio ha sido la restitución de miles de hectáreas a comunidades wixárika en el occidente del país. A través de decretos presidenciales, el Estado mexicano ha reconocido territorios que durante décadas estuvieron envueltos en conflictos agrarios y omisiones legales.
Este Plan de Justicia no sólo implica la devolución de tierras, sino el reconocimiento del vínculo espiritual, cultural y productivo que el pueblo wixárika mantiene con su territorio. A ello se suma la inversión en escuelas, centros de salud y obras comunitarias que buscan garantizar condiciones mínimas de bienestar sin romper la identidad indígena.
Sonora: el derecho al agua y la inversión social como reparación
En Sonora, el Plan de Justicia para la tribu yaqui ha tenido como columna vertebral el derecho al agua, una demanda histórica que comenzó a materializarse con infraestructura hidráulica, sistemas de riego y acuerdos directos con autoridades tradicionales.
De manera paralela, el Plan de Justicia para el pueblo seri-comca’ac ha implicado una inversión pública significativa en infraestructura social, vivienda y servicios básicos, acordados de manera directa con las comunidades. En ambos casos, el enfoque ha sido el mismo: pasar del reconocimiento simbólico a la reparación material.
Justicia territorial como proyecto de transformación
Los Planes de Justicia impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum marcan un punto de inflexión en la relación del Estado mexicano con los pueblos originarios. Tierra, agua y derechos dejan de ser promesas históricas para convertirse en políticas públicas verificables.
Para un gobierno de izquierda, la transformación no puede limitarse al crecimiento económico: implica corregir desigualdades estructurales y reconocer que sin justicia indígena no hay justicia social. Lo que hoy ocurre en Chihuahua, Sonora y los territorios wixárika perfila un modelo de reparación histórica que redefine el papel del Estado frente a los pueblos que sostienen la memoria más profunda del país.
