La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las acusaciones de “persecución política y autoritarismo” tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los siete recursos promovidos por empresas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego. Desde La Mañanera del Pueblo, la mandataria subrayó que el fallo “no es por consigna”, sino el desenlace de más de 15 años de litigios fiscales que el propio grupo empresarial mantuvo abiertos.
Según explicó, la Corte no resolvió “en contra” de Grupo Salinas, sino que simplemente desechó recursos que no debieron haber llegado al máximo tribunal, dado que los tribunales administrativos y fiscales ya habían sentado criterios firmes. “Es importante leer la resolución; no es consigna, no es persecución: fueron muchos procesos y finalmente la Corte resolvió”, insistió.
Sheinbaum reveló que los recursos se encontraban “congelados” en la SCJN desde hace años, lo que prolongó la disputa fiscal por más de una década y media. Con la decisión de desecharlos, dijo, quedan firmes las sentencias previas, las cuales obligan a las empresas involucradas a cubrir adeudos fiscales millonarios.
La mandataria afirmó que la Suprema Corte actuó dentro de su competencia, al determinar que las impugnaciones no cumplían con los criterios necesarios para ser revisadas por el tribunal constitucional. Por ello, revocó los acuerdos que previamente habían permitido su admisión.
Sheinbaum detalló que el siguiente paso corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda. Una vez que la Corte emita la notificación formal, el Gobierno federal seguirá el procedimiento previsto en la ley.
“Primero se notifica; si pagan, se resuelve el asunto. Si no pagan, entonces sigue una serie de procedimientos que están fijados en la ley”.
Reiteró que no existe margen para la discrecionalidad. En casos como este, explicó, se aplican auditorías, revisiones administrativas y procesos ante tribunales especializados, todos previstos por la legislación fiscal.
Respuesta a señalamientos y defensa institucional
Frente a voces que acusan al Gobierno de utilizar el aparato judicial con fines políticos, Sheinbaum sostuvo que la resolución de la Corte “robustece la división de poderes” y demuestra que las instituciones operan sin interferencia del Ejecutivo.
Aseguró que su administración mantendrá transparencia en casos que involucren a grandes corporativos y que todos los contribuyentes, sin excepción, deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
“No es persecución política ni autoritarismo —subrayó—. Las instituciones están siguiendo lo que marca la ley”.
La posición de Sheinbaum llega en un momento en que Grupo Salinas ha arreciado sus críticas contra el Poder Judicial y el Gobierno federal, acusando presiones y parcialidad. El fallo de la SCJN, que cierra la puerta a siete recursos y confirma sentencias previas, representa uno de los episodios más relevantes en la larga disputa entre el Estado mexicano y uno de los conglomerados más poderosos del país.
Con su mensaje, la presidenta busca dejar claro que el proceso no responde a intereses políticos, sino a una ruta trazada por jueces, magistrados y ministros durante más de una década. El desenlace —recalcó— dependerá ahora de la decisión del propio consorcio: pagar o enfrentar las consecuencias legales que marca la ley.
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