La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente que exista un acuerdo entre el Gobierno de México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para implementar una operación conjunta de seguridad migratoria y antidrogas, como aseguró esa agencia norteamericana en un comunicado emitido el pasado 18 de agosto. Subrayó la mandataria durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional:
“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con ninguna de las instituciones de seguridad”.
Sheinbaum precisó que lo único vigente es un taller en Texas en el que participa un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero rechazó que se trate de una operación de carácter bilateral.
La DEA había anunciado el inicio de la llamada “Operación Portero”, presuntamente pactada con el gobierno mexicano para combatir a las redes del crimen organizado que trafican fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Según la agencia, este despliegue se centraría en atacar a los llamados “guardianes del narco”.
Frente a ello, la presidenta fue enfática al señalar que el único acuerdo en materia de seguridad en curso es el que se negocia con el Departamento de Estado estadounidense y que está próximo a firmarse. Dicho marco de cooperación, afirmó, se sustenta en cuatro principios: soberanía, confianza mutua, respeto territorial y colaboración sin subordinación:
“Ese es el acuerdo de seguridad formal que está ya por concretarse. Es el único acuerdo”.
Sheinbaum recordó que la relación con las agencias de seguridad extranjeras está regulada por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, y advirtió que cualquier comunicación conjunta debe ser validada oficialmente por ambos gobiernos. Sentenció la presidenta:
“No validamos algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos que no haya sido consultado previamente con el Gobierno de México”.
Con estas declaraciones, la mandataria buscó frenar la confusión generada tras el anuncio de la DEA, que vinculó a México en una nueva estrategia bilateral antidrogas sin el aval expreso de las autoridades nacionales.
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