La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno pretenda utilizar el padrón electoral o la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) para tareas de seguridad o persecución criminal, en el marco de la reciente reforma que fortalece la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos.
“Lo que tiene la ley, es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía”, sostuvo Sheinbaum al referirse a los mecanismos de colaboración entre autoridades judiciales y el INE en casos específicos de investigación. Subrayó que en ningún momento se plantea sustituir ni acceder de forma masiva al padrón electoral: “El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos”.
Las declaraciones de la mandataria se producen luego de que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo no entregará el padrón al gobierno federal. Aunque reconoció que no ha habido una solicitud oficial, Taddei aclaró que, de presentarse, tendría que ser avalada por el Consejo General del instituto.
Sheinbaum reiteró que la nueva legislación tiene como objetivo construir una identidad nacional confiable y funcional, especialmente útil para combatir delitos y facilitar los trámites ciudadanos. “No hay ninguna ley ni disposición constitucional que autorice el uso del padrón electoral con fines de seguridad”, recalcó.
La controversia surge tras la aprobación de la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, la cual crea el mecanismo Llave MX, que permitirá la autenticación digital de los ciudadanos a través de un Portal Ciudadano Único, utilizando su CURP, que ahora podrá incluir datos biométricos.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal y aprobada en lo particular con 63 votos a favor por la mayoría de Morena en el Senado, fue rechazada por 36 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes expresaron preocupación por el posible uso indebido de los datos personales y la centralización de la información ciudadana.
Pese a las críticas, la presidenta insistió en que se trata de una medida necesaria para mejorar la seguridad y modernizar los servicios públicos. “Es una coordinación que ya existía, y ahora se agiliza a través de la ley”, concluyó.
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