El escándalo de corrupción ligado al exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa volvió al debate público luego de que autoridades británicas concedieran asilo político a su exesposa, Karime Macías, lo que frena su extradición a México.
La decisión cambia el rumbo del proceso judicial abierto por el presunto desvío de más de 112 millones de pesos del DIF estatal, recursos que —según auditorías federales— habrían sido canalizados a empresas fantasma durante la administración estatal entre 2010 y 2016.
Durante cateos realizados en 2017 en una bodega de Córdoba, Veracruz, autoridades decomisaron documentos personales de la expresidenta honoraria del DIF.
Entre ellos destacaron cuadernos con anotaciones operativas y una consigna repetida decenas de veces: “Sí merezco abundancia”.
La frase se volvió símbolo mediático del caso por el contraste entre el discurso oficial de combate a la pobreza y el presunto uso irregular de recursos públicos.
Macías solicitó asilo en Reino Unido en 2017 alegando persecución política. Desde entonces reside en Londres junto a sus hijos en una zona exclusiva, mientras su defensa sostiene que el delito que se le imputa podría haber prescrito.
En México existe una orden de aprehensión desde 2018 derivada de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación por operaciones financieras irregulares.
Aunque en 2022 una corte británica había autorizado su extradición, el nuevo estatus migratorio modifica el panorama y podría impedir definitivamente su traslado.
El expediente Duarte sigue abierto
El caso permanece ligado al del exmandatario priista, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Además, recientemente se le impuso prisión preventiva por un proceso adicional de peculado, lo que prolonga su estancia en prisión más allá del plazo inicial de condena.
Especialistas señalan que el asilo podría generar implicaciones diplomáticas, ya que México aún podría recurrir a mecanismos legales o políticos para insistir en el proceso.
Mientras tanto, el expediente suma más de siete años de litigios internacionales, amparos y resoluciones judiciales sin cierre definitivo.
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