El proyecto político “Somos MX”, impulsado por exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y perfiles ligados a la oposición, enfrenta dificultades significativas para consolidarse como un partido nacional. A pesar de su discurso neutral y ciudadano, la organización muestra un perfil dominado por figuras tradicionales del conservadurismo mexicano.
Detrás de esta nueva agrupación política se encuentran personajes como Edmundo Jacobo Molina, quien durante más de una década fue Secretario Ejecutivo del INE, y Carlos Ferrer Silva, que ocupó cargos clave en temas contenciosos del instituto. Ambos abandonaron el organismo tras rechazar las reformas del “Plan B”, consideradas por ellos como regresivas, y desde entonces han buscado incidir desde fuera en la vida política nacional.
Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Consejo General del INE, también forma parte del proyecto, junto con exmilitantes del PAN y PRD como Cecilia Soto y Gustavo Madero, quienes han respaldado previamente movimientos como la Marea Rosa. Esta manifestación, presentada como ciudadana, fue en realidad interpretada por diversos analistas como una estrategia de defensa institucional por parte de sectores opositores.
Aunque los promotores de “Somos MX” afirman que el proyecto no responde a una ideología tradicional, sino a la defensa de derechos, lo cierto es que su base está integrada principalmente por personajes con vínculos estrechos a la oposición y al aparato electoral anterior. Además, se han sumado a sus filas voces polémicas como Macario Schettino, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Fernando Belaunzarán y José Antonio Crespo, quienes han sido señalados en diversos espacios por sus posturas polarizantes.
El panorama no pinta favorable para la naciente agrupación: de las 200 asambleas requeridas para obtener el registro como partido político, apenas han logrado concretar 62, lo cual compromete seriamente su meta de participar formalmente en los comicios de 2027. Para ese año, además, la legislación electoral les obligaría a competir sin alianzas, algo que ya se percibe como una limitante dentro de su propio grupo.
En el aspecto organizativo, el reto no es menor: la ley exige reunir al menos 256 mil 30 personas afiliadas, ya sea por estado o por distrito electoral. Los impulsores del partido han asegurado que superarán esa meta, incluso duplicándola, aunque hasta ahora los resultados no respaldan esa expectativa.
En lugar de representar una renovación, el proyecto parece responder a la necesidad de ofrecer un nuevo espacio a figuras con trayectoria pero con limitada conexión con las nuevas generaciones y el electorado general. La posibilidad de construir una alianza amplia hacia 2030 está sobre la mesa, pero su supervivencia política depende primero de superar los obstáculos inmediatos que enfrenta para cumplir con los requisitos legales y de organización.
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