La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU no representa una postura institucional del organismo internacional, sino que corresponde únicamente a la opinión de expertos independientes. Así lo señaló el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa, en respuesta a recientes posicionamientos del comité.
El funcionario sostuvo que el mandato del Comité contra la Desaparición Forzada es supervisar la aplicación de la Convención Internacional en la materia, pero no reinterpretarla. En ese sentido, explicó que los informes del CDF reflejan exclusivamente la visión de sus diez integrantes, quienes actúan como especialistas independientes y no como representantes de los órganos centrales de la ONU, como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o la Secretaría General.
Ochoa argumentó que los miembros del comité son elegidos por 78 Estados parte de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, lo que, según indicó, representa menos de la mitad de los países que integran la ONU. No obstante, este punto se da en un contexto donde no todos los Estados han ratificado dicho instrumento internacional, por lo que no forman parte del mecanismo de supervisión.
En un posicionamiento difundido en redes sociales, el subsecretario respaldó su postura citando diversos marcos jurídicos internacionales. Entre ellos, explicó que la Convención define la desaparición forzada como la privación de la libertad por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer el hecho o informar sobre el paradero de la persona, lo que la coloca fuera de la protección de la ley.
Asimismo, hizo referencia al Estatuto de Roma, el cual establece que este tipo de conductas pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de forma generalizada o sistemática contra la población civil. Con estos elementos, el funcionario insistió en que el comité no tiene facultades para modificar o ampliar dichas definiciones más allá de lo establecido en los tratados internacionales.
La postura de la SRE se da en medio de un debate internacional sobre el alcance de los informes del CDF y su interpretación respecto a la situación de desapariciones. En este contexto, el gobierno mexicano ha buscado precisar que dichos pronunciamientos no constituyen resoluciones vinculantes, sino análisis técnicos que forman parte de los mecanismos de seguimiento de la ONU.
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