El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego volvió a emprender una ofensiva discursiva contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que el máximo tribunal validara créditos fiscales que, en conjunto, se acercan a los 50 mil millones de pesos. Con un lenguaje cargado de adjetivos, acusaciones sin sustento y contradicciones acumuladas a lo largo de más de una década de litigios, Grupo Salinas presentó el fallo como un “golpe fulminante a la justicia”.
El comunicado difundido por el grupo, minutos después de que se conociera la primera resolución de la Corte, intenta posicionar la narrativa de que su caso es “el litigio más relevante de la historia reciente del país” y que la decisión judicial responde a un “acoso político” de la llamada “Cuarta Transformación”. No obstante, los créditos fiscales fueron confirmados también durante la administración anterior, y los argumentos del corporativo han sido rechazados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y ahora por la SCJN.
Grupo Salinas aseguró que recurrirá a “otras vías, incluso internacionales”, para defender sus “derechos humanos”, pese a que este concepto no aplica a empresas y a que no existe organismo internacional que pueda anular o evadir obligaciones fiscales determinadas conforme a la legislación mexicana. El comunicado tampoco identifica a qué instituciones acudiría ni bajo qué figura.
El conglomerado insiste en que enfrenta “cobros dobles inconstitucionales e inmorales”, aunque los montos han sido revisados por tribunales administrativos y autoridades fiscales en procesos que se han extendido por más de 12 años. Mientras acusa persecución, el SAT afirma que el monto total de los adeudos asciende a 74 mil millones de pesos.
La declaración “SIEMPRE hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto” contrasta con las múltiples ocasiones en que Salinas Pliego, en público y en redes sociales, se ha burlado del SAT, de los impuestos y de quienes sí los pagan. Entre ellas destaca su frase de 2021: “no pagaré ni un rábano”.
Descalificaciones a la Corte
El comunicado recurre también al descrédito de los actuales ministros, a quienes llama producto de una “reforma judicial autoritaria”, electos en una “farsa” y parte de una “Corte espuria”. La narrativa busca instalar la idea de que el fallo no responde a criterios jurídicos, sino a una supuesta intención del gobierno federal por castigar a Salinas Pliego.
El conglomerado asegura que las resoluciones envían “una señal peligrosa para las inversiones”, pues —según su versión— “las reglas pueden cambiar según a quién se apliquen”. Sin embargo, los criterios de la Corte y del TFJA han sido consistentes desde administraciones previas, incluido el gobierno al que Salinas Pliego respaldó públicamente durante años.
La insistencia en la figura del “perseguido político”, la narrativa de victimización y las acusaciones de autoritarismo contrastan con el origen del conflicto: créditos fiscales determinados conforme a la ley y confirmados por las instancias judiciales competentes. Pese a ello, Grupo Salinas insiste en mantener vivo el discurso de enfrentamiento, ahora con rumbo a organismos internacionales que no podrán modificar la naturaleza de sus adeudos.
Mientras tanto, la Corte resolvió siete de los nueve asuntos que el corporativo mantiene abiertos, cerrando un capítulo que se ha extendido por más de una década y que Salinas Pliego ha utilizado tanto en el terreno judicial como —cada vez más— en el político y mediático.
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