El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Río de Tijuana, luego de que autoridades federales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible, actividad conocida como huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República informó que la captura deriva de una investigación relacionada con operaciones de gran escala para introducir hidrocarburos de manera irregular al país. De acuerdo con la autoridad, la indagatoria vincula estas operaciones con Ingemar, empresa fundada por el exmandatario estatal.
En un comunicado, la institución señaló que la orden judicial responde a la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Además, precisó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron el mandato judicial en el municipio de Ensenada.
«La aprehensión es resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible«, indicó la FGR.
Investigación apunta a una red de huachicol fiscal
El caso forma parte de las investigaciones que el Gabinete de Seguridad dio a conocer el pasado 9 de julio sobre una organización que presuntamente ingresaba combustible desde Estados Unidos mediante el uso del sistema ferroviario.
Según las autoridades, la red utilizaba la aduana de Matamoros, Tamaulipas, como principal punto de ingreso al país. Para evitar el pago de impuestos y controles aduaneros, los involucrados declaraban cargamentos como aditivos o aceites industriales, o bien reportaban volúmenes inferiores a los que realmente transportaban.
La FGR también sostiene que el esquema involucraba a empresas importadoras, agentes aduanales, compañías receptoras del combustible, operadores ferroviarios y firmas encargadas del manejo financiero de los recursos, con el objetivo de dificultar el seguimiento del origen y destino de los hidrocarburos.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre la audiencia inicial ni sobre la situación jurídica que enfrentará el exgobernador, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la presunta red de contrabando de combustible.
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