CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE JULIO DE 2025. El Diario Oficial de la Federación publicó este día tres decretos presidenciales que autorizan la expropiación de tierras en Yucatán y Campeche para la construcción y operación del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del anterior y actual sexenios.
Los ejidos implicados son San Antonio Poxilá, en el municipio de Umán, Yucatán; Dzununcán, en Mérida, Yucatán; y Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad portuaria de Champotón, Campeche. Estas acciones, que suman más de 19 hectáreas, reflejan tanto la complejidad del régimen de propiedad rural en México como la magnitud de la obra ferroviaria.
San Antonio Poxilá: de hacienda henequenera a núcleo ejidal
San Antonio Poxilá tiene profundas raíces históricas en la península de Yucatán. Originalmente fue una hacienda ganadera y posteriormente henequenera, propiedad de familias como los Lara y los Pasos Peniche. El régimen de propiedad evolucionó tras la Revolución Mexicana, cuando la tierra pasó de manos privadas a un esquema ejidal, en el que la comunidad campesina adquirió derechos sobre el uso y usufructo de la tierra, bajo la protección del artículo 27 constitucional. Con el tiempo, el ejido se consolidó como núcleo agrario, combinando parcelas individuales y tierras de uso común.
El decreto publicado hoy expropia 18.72 hectáreas del ejido San Antonio Poxilá, de las cuales 0.46 hectáreas son de uso común y el resto parceladas. El motivo invocado es la causa de utilidad pública: las tierras serán destinadas a obras complementarias del Tramo 4 del Tren Maya, en particular para la ampliación estratégica hacia la zona de Progreso. La indemnización fue valuada en más de 16 millones de pesos, conforme a los avalúos oficiales, y los ejidatarios fueron notificados con la garantía de audiencia.
Dzununcán: historia agraria y urbanización creciente
El ejido Dzununcán, ubicado en la periferia sur de Mérida, tiene su origen en los repartos agrarios del siglo XX, cuando el Estado mexicano restituyó y dotó de tierras a comunidades campesinas tras la Revolución. Su régimen de propiedad ha sido eminentemente social: la tierra pertenece al núcleo ejidal, que la administra mediante asambleas y comisariados, aunque las parcelas pueden ser trabajadas individualmente.
El decreto correspondiente autoriza la expropiación de 0.25 hectáreas de uso parcelado, catalogadas como terreno de temporal. La justificación oficial es la construcción de infraestructura asociada al paso del Tren Maya por la capital yucateca, buscando optimizar la operación y el desarrollo del proyecto ferroviario. La indemnización para este núcleo fue de poco más de 294 mil pesos, y se siguió el procedimiento de notificación y audiencia a los ejidatarios.
Felipe Carrillo Puerto, Champotón: propiedad social en Campeche
El ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, Campeche, se constituyó formalmente en el año 2000 y fue inscrito en el sistema nacional de núcleos agrarios. Su régimen de propiedad responde al modelo ejidal, en el que los derechos sobre la tierra son colectivos, aunque existen parcelas asignadas a cada ejidatario. El ejido es administrado por su asamblea y su comisariado, conforme a la Ley Agraria vigente.
El decreto expropia 0.035 hectáreas de agostadero de uso parcelado, con la finalidad de integrarlas al trazo del Tren Maya en la región campechana. La indemnización fue fijada en poco más de 36 mil pesos. Como en los otros casos, se respetaron las etapas de notificación y derecho de audiencia para los afectados.
Hasta la fecha, el Tren Maya acumula 28 decretos expropiatorios y más de 15 mil hectáreas
Hasta el 8 de julio de 2025, el gobierno federal ha publicado al menos 28 decretos expropiatorios a favor del Tren Maya, que involucran la transferencia de más de 15,600 hectáreas de terrenos ejidales, comunales y privados en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con estimaciones oficiales, la superficie total expropiada al momento supera los 15,678 hectáreas.
El proceso ha implicado la notificación a los núcleos agrarios, la garantía de audiencia y el pago de indemnizaciones conforme a los avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
En suma, los decretos publicados el 8 de julio de 2025 son una muestra más del impacto territorial y social que implica el desarrollo del Tren Maya, así como de la transformación de los regímenes de propiedad rural en el sureste mexicano. La historia de los ejidos imolicados y la magnitud de las superficies expropiadas ilustran la compleja relación entre el Estado, las comunidades agrarias y los grandes proyectos de infraestructura en México.
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