El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó que el Instituto Nacional Electoral continúe con la investigación sobre el financiamiento que Eduardo Verástegui utilizó durante sus aspiraciones presidenciales de 2024, luego de que se detectaran transferencias millonarias provenientes del extranjero que no coinciden con los ingresos reportados por el actor y activista de derecha.
La Sala Superior rechazó por unanimidad el intento de Verástegui de frenar el procedimiento bajo el argumento de que el caso ya había caducado. Con esta decisión, el INE mantiene abierta la revisión sobre el origen de más de 6.9 millones de pesos, presuntamente usados para impulsar la recolección de firmas ciudadanas con las que buscaba registrarse como candidato independiente.
El caso inició en febrero de 2024, cuando el Consejo General del INE encontró inconsistencias en los reportes de fiscalización del aspirante. Entre las irregularidades señaladas aparecen gastos de propaganda no reportados, falta de comprobantes contractuales y diferencias entre ingresos y egresos, elementos que encendieron las alertas sobre el manejo financiero de su proyecto político.
Uno de los puntos más relevantes de la investigación son las transferencias internacionales, entre ellas depósitos vinculados a Partner 305 LLC, una consultora política con sede en Miami, Estados Unidos. Las autoridades electorales identificaron movimientos por 450 mil y 340 mil dólares, cantidades que, según el análisis del INE, no corresponden con la capacidad económica declarada por Verástegui.
Cuando el INE solicitó aclaraciones, Verástegui reconoció que las cuentas eran suyas, pero entregó información incompleta o testada, lo que impidió verificar con claridad los saldos y el origen de los recursos. Además, la autoridad consideró que reunir esas cantidades con ingresos propios habría requerido más de un año, lo que fortaleció las dudas sobre el posible financiamiento extranjero.
Aunque el actor intentó cerrar el expediente alegando falta de actividad, el INE informó que realizó diligencias constantes entre abril de 2024 y junio de 2026. El Tribunal coincidió con esa postura y determinó que no existe caducidad ni omisión, por lo que la investigación seguirá abierta en coordinación con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT.
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