El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) únicamente podrá ingresar a los predios donde realizaba actividades extractivas con el propósito de remediar, compensar y restaurar los daños ambientales ocasionados por la explotación de roca caliza en Playa del Carmen, bajo supervisión directa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con la dependencia federal, este fallo representa un avance significativo para el Gobierno de México en la defensa de sus recursos naturales, ya que la resolución pone límites claros a una de las compañías más cuestionadas por su impacto ecológico en el Caribe mexicano.
La Semarnat explicó que la autorización judicial no implica la reanudación de la actividad minera, sino que Calica deberá concentrarse en cumplir las obligaciones de restauración ambiental establecidas desde el año 2000. Entre ellas, se incluyen la elaboración de un programa integral de rehabilitación, la reforestación del área afectada, la reconexión de corredores biológicos de fauna silvestre y la presentación de un cronograma de acciones verificable por las autoridades.
Durante el proceso judicial, la Secretaría presentó pruebas periciales que demostraron que la compañía explotó una superficie del doble de lo autorizado originalmente, lo que ocasionó un grave deterioro ambiental en la zona. Además, se señaló que la empresa nunca obtuvo los permisos forestales ni las concesiones de agua requeridas, infringiendo de manera reiterada el marco legal ambiental.
A pesar de ello, la compañía mantiene una demanda internacional contra el Estado mexicano, alegando presuntas violaciones a sus derechos empresariales. Sin embargo, el gobierno federal sostiene que las afectaciones ambientales derivaron directamente de la actuación irregular de la empresa, por lo que solicitó la anuencia para contrademandar a Vulcan, casa matriz de Calica, ante el tribunal de arbitraje internacional.
Calica, dedicada desde 1986 a la extracción y exportación de roca caliza, ha sido señalada por provocar severos desequilibrios ecológicos y devastación ambiental en la región, incluyendo afectaciones al manto freático y pérdida de hábitats naturales.
Con esta resolución, el Estado mexicano reafirma su compromiso con la protección ambiental y busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas extractivas frente a los daños que ocasionan al entorno natural.
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