Cinco ex servidores públicos estatales y municipales fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la explosión ocurrida en noviembre pasado en una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en un centro comercial de Hermosillo. La tragedia dejó un saldo de 24 personas fallecidas, así como un bebé en estado de gestación. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información oficial sobre el desarrollo de la audiencia ni sobre las resoluciones judiciales adoptadas.
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, de siete ex funcionarios imputados, el juez de control determinó la vinculación de cinco, mientras que Carlos Jesús Arias, ex director interno de la Comisión Estatal de Protección Civil de Sonora, quedó fuera del proceso debido a la prescripción de los delitos señalados. En el caso de Martín Manuel Martínez, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal, no fue vinculado al establecerse que no ocupaba el cargo durante el periodo en el que la Fiscalía le atribuía los hechos.
Durante el primer receso de la audiencia, versiones extraoficiales señalaron que el juez expuso diversos elementos para su análisis, entre ellos la falta de claridad sobre si la responsabilidad de las inspecciones correspondía al ámbito estatal o municipal. También se plantearon dudas sobre el aforo permitido y la afluencia real de personas dentro del establecimiento, así como inconsistencias relacionadas con el giro comercial de la tienda Waldo’s, que mantenía al menos 68 sucursales en Sonora.
Las mismas fuentes indicaron que el juzgador revisaba de manera detallada los datos presentados por la Fiscalía, lo que habría prolongado la audiencia, y que posteriormente ampliaría su resolución para responder a los argumentos de las defensas. Hasta las 20:00 horas de este lunes no se notificaba el cierre formal de la audiencia. Se informó que los cinco ex funcionarios vinculados enfrentarán el proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones por posibles omisiones o irregularidades en autorizaciones y supervisiones previas al siniestro.
De forma paralela, se reportó que ninguna persona relacionada con el caso se encuentra en prisión. De manera extraoficial, se indicó a La Jornada que el gerente de la tienda habría acudido al juzgado con un amparo, lo que le permitió evitar la imposición de prisión preventiva.
El proceso judicial aún no concluye. Falta definir la situación legal de al menos 12 personas más, entre ellas otros servidores públicos, empleados del establecimiento y un inspector de la Comisión Federal de Electricidad, quienes deberán comparecer en próximas audiencias ante el juzgado correspondiente.
A casi tres meses de la explosión e incendio, que cobraron la vida de 24 personas, un bebé en gestación y dejaron más de 12 personas lesionadas, el caso continúa avanzando en tribunales, mientras se esperan pronunciamientos oficiales de la Fiscalía estatal que confirmen o amplíen la información disponible.
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