La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya presentó una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, tras los señalamientos que el litigante hizo en su contra en el marco del juicio que enfrenta el narcotraficante en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que la demanda fue formalizada, aunque evitó dar mayores detalles sobre el proceso legal. Lichtman había calificado a la mandataria mexicana como el «brazo de relaciones públicas» de un cártel del narcotráfico, lo cual Sheinbaum calificó como una acusación “inadmisible”.
“Se requiere autoridad moral y política para gobernar y estar a la altura de nuestro pueblo”, declaró la presidenta, asegurando que su historia personal respalda la integridad con la que encabeza el gobierno federal.
Sheinbaum también reprochó que las declaraciones de Lichtman fueran aprovechadas por sectores de la oposición política mexicana, a quienes acusó de buscar el descrédito de su administración y de actuar en contra de los intereses del país. “Es una oposición antipatriota y muy hipócrita”, dijo, al señalar que, en lugar de respaldar a México ante situaciones como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, prefieren alentar narrativas que afecten al gobierno.
La mandataria también contrastó la situación actual con los gobiernos anteriores, particularmente los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a los que acusó de permitir un aumento descontrolado de la violencia. “No explican cómo fue posible que de 2006 a 2018 se quintuplicaran los homicidios y cómo después cambió la tendencia”, subrayó.
El abogado Jeffrey Lichtman representa a Ovidio Guzmán en el juicio que se desarrolla en Chicago, donde el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico como parte de un acuerdo judicial.
La demanda marca un hecho inédito en las relaciones entre el Ejecutivo mexicano y litigantes en procesos penales estadounidenses ligados al crimen organizado. Con esta acción, Sheinbaum busca no solo deslindarse de los señalamientos, sino también trazar un límite frente a lo que considera “difamaciones sin sustento”.
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