Un grupo de destacados juristas internacionales ha manifestado serias preocupaciones sobre la legalidad del proceso judicial en curso contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien acusan de peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí”. Según los expertos, el caso presenta vicios jurídicos y aparenta estar motivado por intereses políticos más que por fundamentos legales reales.
Desde el análisis técnico del caso, los expertos sostienen que no se cumplen los requisitos esenciales para configurar el delito de peculado. Argumentan que, en su rol de vicepresidente, Glas no tuvo a su cargo la administración directa ni la custodia de recursos públicos, y mucho menos ordenó pagos o firmó contratos. En otras palabras, su función estaba alejada de las atribuciones administrativas requeridas para que exista responsabilidad penal en un caso de esta naturaleza.
Esta interpretación fue reforzada por la declaración del perito designado por la Fiscalía, quien reconoció bajo juramento que Glas no ejercía control sobre los recursos públicos involucrados en la reconstrucción tras el terremoto en Manabí.
De acuerdo con los juristas firmantes del pronunciamiento, entre los que se encuentran Baltasar Garzón y Eugenio Raúl Zaffaroni, lo que se observa es una instrumentalización del sistema penal con fines políticos, una práctica que vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la objetividad procesal.
Uno de los aspectos más cuestionados es que, de más de cien funcionarios involucrados en el proceso de reconstrucción, únicamente dos personas han sido judicializadas penalmente: Jorge Glas y Carlos Bernal. Ningún otro funcionario de alto rango —ministros, contratistas o responsables del gasto— ha sido vinculado, lo que refuerza la percepción de una persecución selectiva.
Este proceso judicial se produce tras un episodio internacional sin precedentes. El 17 de diciembre de 2023, Jorge Glas ingresó a la Embajada de México en Quito, alegando temor por su vida y por la falta de garantías judiciales. El gobierno mexicano, conforme a sus protocolos y al derecho internacional, lo aceptó como huésped en espera de una solicitud formal de asilo.
Sin embargo, el 5 de abril de 2024, en un acto duramente condenado por la comunidad internacional, fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática mexicana para capturarlo por la fuerza. Esta incursión constituyó una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual garantiza la inviolabilidad de las embajadas.
La situación ha tensado las relaciones entre ambos países y ha provocado una ola de críticas hacia el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Para los juristas y analistas políticos, el caso contra Glas no puede entenderse separado de un contexto de persecución política impulsada desde la Presidencia.
Glas, quien ha enfrentado múltiples procesos penales desde su salida del poder, se ha convertido en una figura simbólica en la lucha por el respeto al debido proceso en Ecuador. La presión internacional aumenta, y con ella, el reclamo por su liberación inmediata y por la restauración de principios básicos del Estado de derecho en el país sudamericano.
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