La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) perfila una transformación de fondo en los mecanismos de vigilancia del gasto público, con un modelo que prioriza la prevención, la inmediatez en la atención de denuncias y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el auditor superior Germán Reyna Herrero presentó el Plan Estratégico 2026-2033, documento que busca consolidar una nueva etapa en la rendición de cuentas tras años de inestabilidad institucional, en los que el organismo tuvo múltiples cambios de titular.
El proyecto plantea romper con el esquema tradicional de fiscalización reactiva para migrar hacia un sistema preventivo, apoyado en inteligencia de datos, plataformas digitales y auditorías electrónicas. Uno de los pilares será la certificación de un laboratorio de obra pública, con el que se pretende revisar técnicamente cada proyecto ejecutado en la entidad.
Además, el auditor anunció que impulsará una reforma a la Ley de Rendición de Cuentas estatal para que las denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción puedan investigarse de forma inmediata, sin depender de los tiempos de revisión de las cuentas públicas anuales. La propuesta toma como referencia el modelo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De aprobarse esta modificación, la ASE podría iniciar procedimientos administrativos en cuanto se detecten irregularidades, lo que permitiría sancionar a servidores públicos sin esperar el cierre del ejercicio fiscal.
El plan institucional se estructura en cuatro ejes: fiscalización de alto desempeño, fortalecimiento de la transparencia, promoción de gobiernos íntegros y participación ciudadana activa. Bajo esta lógica, también se contempla ampliar el acceso a la información mediante plataformas digitales con lenguaje claro y datos abiertos.
Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de la coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, así como la firma de convenios para revisar la totalidad de los recursos federales ejercidos en Puebla, ante el rezago detectado en cerca de un tercio de los municipios.
En el ámbito político, legisladores de distintas fuerzas coincidieron en que el rediseño del modelo de fiscalización representa una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana.
En paralelo, Reyna Herrero marcó distancia de prácticas de administraciones anteriores al rechazar el uso de vehículos blindados adquiridos por la gestión pasada, los cuales podrían ser reasignados a áreas que realmente requieran medidas de seguridad.
Con este planteamiento, la ASE busca posicionarse como una institución más cercana a la ciudadanía, con capacidad no solo de sancionar, sino de inhibir prácticas de corrupción desde su origen.
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