El estado de Puebla está condenado a pagar 3 mil millones de pesos como resultado de procedimientos jurídicos promovidos por empresarios en complicidad con gobiernos anteriores, funcionarios públicos, jueces federales y exintegrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Armenta, quien señaló que los recursos exigidos al gobierno estatal derivan de procesos presuntamente corruptos, los cuales su administración ya está litigando.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo estatal detalló que estos casos surgieron debido a que algunos empresarios encargados de obras públicas presentaban, al finalizar los trabajos, dictámenes en los que alegaban haber realizado labores adicionales, muchas de ellas inexistentes.
Indicó que ese fue un modus operandi que operó gracias a la colusión con autoridades estatales, a quienes también acusó de haber perdido, de forma corrupta, diversos juicios por complicidad con los empresarios.
Sin entrar en detalles, mencionó que en el Hospital para la Niñez Poblana se realizaron obras bajo ese esquema. No obstante, afirmó que en Puebla «ya se acabó el tiempo de saqueos para pseudoempresarios»:
«Nosotros estamos litigando eso, pero hay casos ya perdidos, y los perdieron corruptamente por complicidad —presunta— de autoridades, funcionarios, abogados, coludidos con esos pseudoempresarios, que en sus dictámenes de obra alegaban trabajos adicionales inexistentes. Un caso lo tenemos en el hoy Hospital de la Niñez».
Puntualizó que el gobierno estatal no tiene por qué pagar por obras que no se realizaron, por lo que continuará litigando estos casos. Agregó que ya entregó la información correspondiente al nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Sentenció Armenta:
«O pavimentamos calles, o le pagamos 3 mil millones de pesos por obras inexistentes a empresarios —que no son empresarios— coludidos con exfuncionarios de la Suprema Corte».
Cabe recordar que el gobierno estatal también litiga actualmente el pago de una indemnización que desde hace años exige la empresa Melgarejo Construcciones, por una supuesta obra que, según el gobierno, nunca se realizó.
Foto: Agencia Enfoque
