María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, continúa vinculada a la administración pública, ahora en Ciudad de México, donde mantiene un contrato por servicios profesionales en la Secretaría de Administración y Finanzas, pese a la sanción económica y la inhabilitación que le impuso la justicia poblana por el caso Accendo Banco.
De acuerdo con información pública y datos difundidos por el periodista Israel Velázquez, la exfuncionaria tiene un contrato bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, con vigencia del 1 de enero al 29 de diciembre de 2026.
Su incorporación contempla actividades relacionadas con el diseño de estrategias de recaudación, cumplimiento de obligaciones fiscales y elaboración de información estratégica para apoyar la toma de decisiones de la Subtesorería capitalina.
La contratación ocurre después de que, en septiembre de 2025, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla emitiera una resolución contra Castro Corro por su responsabilidad en las inversiones realizadas con recursos estatales en Accendo Banco.
El fallo estableció una sanción económica de 362 millones 997 mil pesos y una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargos públicos, derivado del perjuicio ocasionado al patrimonio estatal por aproximadamente 604 millones de pesos.
La operación financiera se realizó durante 2021, cuando Castro Corro encabezaba la Secretaría de Planeación y Finanzas. Meses después, Accendo Banco perdió su autorización para operar como institución de banca múltiple e inició un proceso de liquidación que dejó sin recuperar los recursos depositados por el gobierno poblano.
Apelaciones mantienen abierto el proceso
Sin embargo, la resolución todavía enfrenta recursos legales. El 10 de febrero de 2026, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla informó que Castro Corro y su exsubsecretario Enrique Girón Zenil promovieron apelaciones contra la determinación judicial, correspondientes al expediente 134/2024-PRA-SERA-2.
Por ello, está pendiente conocer si las sanciones serán confirmadas, modificadas o revocadas una vez que concluya el procedimiento.
La exsecretaria poblana también tuvo actividad en la administración federal, particularmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes de incorporarse al gobierno capitalino en octubre de 2024.
Su permanencia en la estructura financiera de Ciudad de México coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de revisión de antecedentes y las condiciones que se consideran para contratar personal en las administraciones públicas, mientras continúa pendiente la resolución definitiva de su situación jurídica en Puebla.
Foto: Agencia Enfoque
