La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación contra el Ayuntamiento de Tepemaxalco, al documentar violaciones a derechos humanos en agravio de dos mujeres, por lo que solicitó que ambas sean inscritas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) para acceder a medidas de apoyo y atención integral.
De acuerdo con el organismo, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando dos mujeres fueron agredidas verbalmente por un regidor del municipio, quien posteriormente arrojó una piedra contra el domicilio de una de ellas, lo que escaló a un altercado físico que derivó en una serie de acciones por parte de autoridades municipales.
Tras el incidente, ambas mujeres fueron citadas a la presidencia municipal, donde se les impuso el pago de multas por 5 mil pesos cada una para una persona presuntamente afectada, además de 8 mil 500 pesos adicionales para la administración municipal, sin que se acreditara un procedimiento legal conforme a derecho.
Al negarse a cubrir dichas cantidades, las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas a la comandancia municipal, donde permanecieron privadas de la libertad por al menos cuatro horas, sin que existiera la intención de presentarlas ante el Ministerio Público, lo que configuró una vulneración a su libertad personal y garantías jurídicas.
La CDH documentó además que, tras su liberación, las mujeres fueron obligadas a firmar un convenio mediante el cual aceptaban pagar de manera conjunta 5 mil 500 pesos como compensación al funcionario público que inicialmente las agredió, lo que refuerza el señalamiento de irregularidades en el actuar de las autoridades locales.
CDH confirma violaciones y exige medidas
Como resultado de la investigación, la Comisión determinó que el gobierno municipal incurrió en violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, por lo que emitió una recomendación formal para que se reparen los daños y se establezcan mecanismos de atención a las víctimas.
Entre las acciones solicitadas, se encuentra que el Ayuntamiento gestione la inscripción de las dos mujeres en la CEEAVI, con el objetivo de que puedan acceder a medidas de asistencia, atención psicológica y reparación integral, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente.
Asimismo, la CDH requirió que el municipio proporcione información suficiente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar las investigaciones correspondientes y se abra una carpeta en contra de los funcionarios públicos involucrados en los hechos.
De igual forma, el organismo recomendó la implementación de capacitaciones en materia de derechos humanos para servidores públicos municipales, con el fin de prevenir que este tipo de incidentes se repitan y garantizar que las actuaciones de la autoridad se apeguen a los principios legales.
En conjunto, el caso expone un patrón de actuación institucional que derivó en la vulneración de derechos fundamentales, en un contexto donde las autoridades locales no solo omitieron el debido proceso, sino que además ejercieron medidas que exceden sus facultades legales.
Ilustración: Iván Rojas
