El Congreso de Puebla dio luz verde a la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a las llamadas “pensiones doradas”, estableciendo un tope máximo a las jubilaciones de exservidores públicos que reciben recursos del erario.
En una sesión extraordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación al artículo 127 de la Constitución, con 37 votos a favor, lo que coloca a Puebla entre las primeras entidades en armonizar su legislación con el cambio federal.
La nueva disposición fija que ninguna pensión podrá superar el 50 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo federal, lo que equivale a poco más de 70 mil pesos mensuales. La medida busca frenar casos donde exfuncionarios de organismos públicos perciben ingresos superiores a los 100 mil pesos al mes.
Uno de los puntos más debatidos fue la aplicación retroactiva de la reforma. Con ello, quienes actualmente reciben montos por encima del límite deberán ajustar sus percepciones al nuevo tope.
La disposición aplicará a jubilaciones de extrabajadores de organismos como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, así como entidades financieras públicas y fideicomisos gubernamentales.
Sin embargo, se contemplan ciertas excepciones: la medida no afectará a los integrantes de las Fuerzas Armadas, quedando también excluidas las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias al ahorro para el retiro, así como los esquemas complementarios financiados por sindicatos.
La reforma ya había sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados y forma parte de un paquete de cambios impulsados por el Ejecutivo federal para limitar salarios y prestaciones en el sector público.
Con esta decisión, el Congreso local respalda la política de austeridad que busca evitar que los cargos públicos generen beneficios económicos desproporcionados, incluso después de haber concluido funciones.
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