El Congreso de Tamaulipas aprobó un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por presuntas irregularidades cometidas durante su administración (2016–2022), principalmente relacionadas con el uso indebido de facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de hidrocarburos.
Con 27 votos a favor y 5 en contra, los legisladores avalaron el punto de acuerdo impulsado por Humberto Prieto Herrera, diputado de Morena y el Partido del Trabajo (PT), quien expuso que el objetivo de la solicitud es garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho en la entidad.
Prieto Herrera explicó que el Congreso pide a la FGR abrir una investigación formal sobre la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas (SATT), organismo implementado durante el gobierno de García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el legislador, el SATT habría invadido facultades exclusivas del ámbito federal al realizar inspecciones y decomisos de mercancías y combustibles sin respaldo jurídico. También señaló que esta dependencia duplicó funciones de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Administración, lo que habría generado conflictos de competencia y posibles violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado recordó que entre el 15 y el 18 de noviembre de 2019, el gobierno estatal embargó 15 pipas y ocho tractocamiones con más de 400 mil litros de combustible, argumentando presunto contrabando.
Sin embargo, los procedimientos carecieron de sustento legal y provocaron pérdidas económicas a transportistas y empresas del sector energético, según la bancada morenista.
Prieto Herrera sostuvo ante el pleno que esta medida busca impedir el uso político o personal de las instituciones públicas y promover que los órganos del Estado sirvan exclusivamente al interés general.
La aprobación del punto de acuerdo implica que el documento será remitido a la Fiscalía General de la República, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación contra el exmandatario panista y otros posibles involucrados.
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