Los contratos que dieron origen al esquema financiero de las plataformas de Audi volvieron a colocar bajo la lupa a exfuncionarios y actores políticos vinculados con el PAN, luego de que el Gobierno de Puebla anunciara que emprenderá una ruta jurídica para determinar responsabilidades por acuerdos que todavía representan una carga para las finanzas estatales.
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, sostuvo que los involucrados en la celebración de estos contratos ya están identificados y advirtió que la administración de Alejandro Armenta no pretende negociar la revisión de las obligaciones heredadas.
“Vamos a seguir una ruta jurídica. No es de negociación”, afirmó durante la octava emisión de Derecho de Réplica.
El funcionario señaló que la controversia no está dirigida contra Audi, sino contra quienes participaron desde el sector público en la construcción del esquema financiero y contra la empresa que actualmente administra el fideicomiso relacionado con la deuda.
El coordinador de Gabinete cuestionó las decisiones tomadas durante gobiernos anteriores y señaló directamente a actores vinculados con Acción Nacional, al advertir que su militancia no debe impedir que se revisen posibles responsabilidades.
“Que sean muy activos en redes no significa que tengan un velo protector contra sus actos de corrupción”, expresó.
García Parra también rechazó que las acciones anunciadas tengan un propósito electoral y sostuvo que el gobierno estatal llevará el caso por los canales jurídicos correspondientes.
“Que no señalen después que viene una persecución contra activistas del PAN, porque viene una ruta jurídica, intensa, importante”, manifestó.
Deuda de Audi sigue presionando las finanzas
El esquema financiero de las plataformas mantiene compromisos que deberán cubrirse durante 2026 y 2027. A esta obligación se suma el adeudo correspondiente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.
Al 30 de junio de 2026, ambos compromisos acumulaban un saldo de 3 mil 942.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por el gobierno estatal. Más de la mitad correspondía al CIS y el resto a las plataformas de Audi.
Para la administración de Armenta, estos compromisos forman parte de las cargas financieras heredadas que limitan la disponibilidad de recursos públicos para nuevas obras y servicios.
Ante este escenario, el gobernador Alejandro Armenta ha planteado alternativas para terminar con las obligaciones financieras relacionadas con las plataformas de Audi y el CIS, con la intención de evitar que continúen absorbiendo recursos públicos durante los próximos años.
El gobierno estatal incluso analiza mecanismos financieros que permitan adelantar pagos y reducir el costo de estos compromisos.
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