El Ciudadano México cuestionó al coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, sobre el contrato que el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por Ariadna Ayala Camarillo, mantiene con TV Azteca para la difusión del quehacer gubernamental durante 2026, pese a los señalamientos que la administración estatal ha realizado contra esa televisora.
El caso gira en torno al contrato CMADJA-0010-2026, adjudicado de manera directa por el gobierno municipal de Atlixco a TV Azteca, por un monto total de 626 mil 400 pesos. El convenio fue firmado el 12 de enero de 2026 y tiene vigencia hasta el31 de diciembre de este año.
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De acuerdo con la información expuesta, el contrato contempla un pago de 540 mil pesos más 86 mil 400 pesos de IVA, además de una garantía de cumplimiento por 62 mil 640 pesos. La contratación fue suscrita por el Ayuntamiento de Atlixco, con la intervención de la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo y del director de Comunicación Social,José Manuel López Palacios.
Durante el programa Derecho de Réplica, García Parra sostuvo que los ayuntamientos cuentan con autonomía para decidir cómo ejercer sus recursos públicos y contratar servicios de comunicación social. Sin embargo, consideró que en el caso de gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, este tipo de convenios abre un debate de congruencia política.
“Legalmente podría estar bien, pero moralmente es incorrecto”
Al referirse al caso de Atlixco, el coordinador de Gabinete señaló que una administración municipal puede estar en su derecho legal de contratar a la empresa que considere conveniente. No obstante, sostuvo que existe una diferencia entre lo que permite la ley y lo que resulta políticamente congruente con un proyecto que ha cuestionado ciertas prácticas de comunicación gubernamental.
García Parra calificó como una “deslealtad” a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación que gobiernos municipales surgidos del movimiento destinen recursos públicos a una empresa señalada por campañas contra administraciones de la 4T. En ese sentido, afirmó que “legalmente podría estar bien porque está en sus facultades, pero moralmente es absolutamente incorrecto”.
El contrato de Atlixco también incluye una cláusula relacionada con la imagen pública del Ayuntamiento. Según lo expuesto, el convenio establece que la empresa no debe realizar actos que perjudiquen, demeriten, difamen, calumnien u ofendan la imagen del gobierno municipal, punto que fue señalado como parte de una práctica donde los gobiernos buscan protegerse de contenidos negativos mediante convenios de difusión.
Con este posicionamiento, García Parra colocó el caso de Ariadna Ayala en el centro del debate político local. Aunque reconoció la autonomía municipal, cuestionó que un gobierno identificado con la 4T destine 626 mil 400 pesos a una televisora señalada por el propio gobierno estatal. El caso deja abierta una discusión sobre el uso de recursos públicos en comunicación social, la congruencia partidista y los límites entre legalidad administrativa y responsabilidad política.
Ilustración: Iván Rojas
