El domingo 31 de mayo concluyó el plazo para que servidores públicos del estado de Puebla presentaran sus declaraciones patrimoniales; sin embargo, el periodo para cumplir con esta obligación legal se amplió hasta el 15 de junio.
Por ello, se publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE), en el que se establece que la fecha fue aplazada por decisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Lo anterior, argumentando que muchos funcionarios se encuentran actualmente en zonas de difícil acceso y con comunicación limitada, lo que dificulta el acceso a internet o a medios electrónicos.
Con esta decisión, los burócratas del estado cuentan con 15 días más para cumplir con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se fija el 31 de mayo como fecha límite.
Lo que se requiere por ley es que los servidores públicos presenten su declaración de situación patrimonial, en la que se detallan sus bienes, ingresos y deudas.
Asimismo, deben presentar una declaración de intereses, en la que se incluyen vínculos familiares, personales y empresariales, con el fin de detectar posibles conflictos.
De igual forma, deben cumplir con la declaración fiscal para comprobar sus gastos y el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.
Esta obligación aplica para jefes de departamento, directores, subsecretarios y titulares de dependencias estatales y organismos públicos descentralizados, además del propio gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
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