La Fiscalía General de la República mantiene distintos frentes judiciales relacionados con la familia Lozoya y el caso Agronitrogenados. Mientras Gilda Susana Lozoya Austin continúa bajo investigación y enfrenta un proceso activo, dos apelaciones promovidas por la defensa de Emilio Lozoya impiden reactivar la causa penal contra el empresario Alonso Ancira.
En el caso de Gilda Lozoya, el Ministerio Público Federal informó que permanece vigente el procedimiento por su presunta participación en una asociación delictuosa vinculada con los sobornos de Odebrecht. La investigación forma parte de la causa penal 117/2017, en la que también aparecen su hermano Emilio Lozoya y su madre, Gilda Margarita Austin y Solís.
Durante una audiencia para revisar sus medidas cautelares, la FGR también reveló que existe una nueva carpeta de investigación contra Gilda Lozoya, todavía en trámite y pendiente de judicialización. La institución no detalló los hechos específicos que integran esta indagatoria adicional ni la fecha en que podría presentarla formalmente ante un juez.
La Fiscalía presentó 18 nuevos datos de prueba con la intención de demostrar un posible riesgo de fuga y solicitar prisión preventiva dentro de la acusación por lavado de dinero relacionada con Agronitrogenados. Sin embargo, la jueza Nora Ilana García Peralta consideró que la información no era novedosa ni estaba actualizada, por lo que mantuvo las medidas cautelares y la libertad condicionada de Gilda Lozoya.
Apelaciones mantienen detenido el proceso contra Ancira
Por otra parte, dos recursos de apelación promovidos por la defensa de Emilio Lozoya mantienen suspendida la reactivación del proceso contra Alonso Ancira, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México. Ambos enfrentan señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa derivados de la compra de Agronitrogenados.
De acuerdo con la FGR, Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta de fertilizantes, aunque una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales calculó que una instalación nueva costaría 58 millones 335 mil 960 dólares. La diferencia de 216 millones 664 mil 40 dólares fue establecida como reparación del daño.
Ancira aceptó cubrir ese monto mediante tres parcialidades y ofreció como garantía acciones de Grupo Acerero del Norte, hornos e inmuebles. El empresario pagó 104 millones 166 mil 50 dólares en las primeras dos exhibiciones, pero dejó pendiente un tercer depósito por 112 millones 497 mil 990 dólares, cuyo vencimiento original ocurrió el 30 de noviembre de 2023.
Pemex aceptó ampliar el plazo hasta noviembre de 2024 debido al proceso de reestructura financiera de la empresa de Ancira. No obstante, un amparo promovido por Emilio Lozoya detuvo la aprobación definitiva del convenio modificatorio. Las dos apelaciones pendientes ante un tribunal colegiado impiden actualmente que continúe el proceso penal contra Lozoya y Ancira por el caso Agronitrogenados.
Foto: Redes
