El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó los señalamientos publicados por Los Angeles Times y mostró su visa estadounidense para desmentir que el documento le haya sido revocado. El mandatario sostuvo que no ha recibido notificación alguna de cancelación, restricción o retiro por parte de autoridades de Estados Unidos, por lo que acusó que la versión difundida carece de pruebas públicas verificables.
La respuesta ocurre después de que el medio estadounidense señalara, con base en fuentes anónimas, que Villarreal sería investigado por presuntos vínculos con actividades criminales y contrabando de combustible. El gobernador negó cualquier relación con el huachicol, organizaciones delictivas o intereses ilegales, y afirmó que sus viajes a Estados Unidos han tenido fines institucionales, económicos y de cooperación binacional.
Villarreal cuestionó que una acusación de ese tamaño se construya a partir de insinuaciones y fuentes sin rostro. Desde su postura, el caso refleja el riesgo de usar filtraciones provenientes de Estados Unidos como herramienta de presión política contra autoridades mexicanas, especialmente en un contexto donde Washington ha intensificado su discurso de seguridad sobre México.
El mandatario también defendió su trayectoria pública y profesional, al señalar que antes de llegar al gobierno ejerció como médico especialista y servidor público. Insistió en que su patrimonio y su carrera no están vinculados a actividades ilícitas, y pidió que cualquier señalamiento se sostenga con pruebas, no con versiones anónimas difundidas desde medios extranjeros.
La Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que no existe comunicación oficial ni extraoficial de Estados Unidos sobre el supuesto retiro de visas a los gobernadores señalados. Esa precisión es relevante porque coloca el caso en el terreno de una disputa informativa todavía no acreditada por canales diplomáticos, pese al impacto político que ya generó en México.
El episodio abre un debate más amplio sobre la relación entre filtraciones estadounidenses, oposición mexicana y narrativas de criminalización. Sin pruebas públicas ni notificación oficial, el señalamiento contra Villarreal se mantiene como una acusación grave que exige verificación, responsabilidad periodística y respeto a la soberanía mexicana.
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