La presidenta municipal de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, dejará temporalmente el cargo a partir del próximo lunes 29 de junio, mientras inicia una auditoría a su administración, en un intento por contener la confrontación política que mantiene dividido al gobierno municipal por presunto abuso de poder y desvío de recursos. La separación fue acordada como parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno estatal para disminuir la tensión política y permitir que la revisión se desarrolle sin afectar el funcionamiento del Ayuntamiento.
La medida fue dada a conocer la noche de este viernes 26 de junio por el subsecretario de Gobernación, Isauro Rendón Vargas, durante una reunión con autoridades municipales y habitantes en la plaza principal del municipio. En ese encuentro, el funcionario explicó los acuerdos alcanzados entre el gobierno estatal, el Cabildo y la propia alcaldesa, luego de varios días de confrontación política entre integrantes del Ayuntamiento y del incremento de las exigencias para revisar el manejo de la administración municipal.
Como parte de esos acuerdos, la edil permanecerá separada de sus funciones durante el desarrollo de la auditoría y únicamente podrá acudir al Ayuntamiento si es requerida por el personal auditor, con el objetivo de garantizar que el proceso se lleve a cabo sin interferencias ni nuevos episodios de confrontación. La intención, señalaron las autoridades estatales, es que la revisión pueda realizarse con condiciones de imparcialidad y certeza para todas las partes involucradas.
Rendón Vargas señaló que la auditoría abarcará el manejo de los recursos públicos y distintos aspectos del funcionamiento de la administración municipal, incluyendo la revisión de procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio del gobierno local. Los resultados serán turnados a la autoridad competente, que será la encargada de determinar si existen responsabilidades derivadas de las observaciones que pudieran encontrarse durante la revisión.
El subsecretario también informó que el gobierno estatal mantendrá acciones para preservar la estabilidad en Acatlán, entre ellas el respaldo en materia de seguridad pública y la atención gradual de algunas de las demandas planteadas por habitantes del municipio. Explicó que estas medidas buscan mantener la gobernabilidad mientras avanzan tanto la auditoría como los procedimientos institucionales relacionados con el conflicto político.
“La presidenta no va a estar aquí durante el periodo de la auditoría (…) una vez que se tenga el resolutivo, será sometido a la autoridad correspondiente”, declaró.
No obstante, el funcionario evitó precisar cuánto tiempo permanecerá separada del cargo la alcaldesa, al señalar que ello dependerá del desarrollo de la auditoría y de la emisión del resolutivo correspondiente.
Disputa en Cabildo de Acatlán escala al Congreso y al Gobierno del Estado
La separación temporal de Guadalupe Bárcenas ocurre después de que un grupo de regidores acusó a la presidenta municipal de presunta opacidad, abuso de poder e irregularidades en el ejercicio del gasto público, además de señalar conductas que, aseguran, afectaron el funcionamiento institucional del Ayuntamiento. Las diferencias entre la alcaldesa y parte del Cabildo se intensificaron durante las últimas semanas, hasta trasladarse al ámbito estatal mediante diversos procedimientos administrativos y políticos.
El conflicto escaló el pasado 19 de junio, cuando los concejales presentaron ante el Congreso local una solicitud de revocación de mandato contra la alcaldesa. El procedimiento ya inició su ruta legislativa con el análisis de las pruebas aportadas y el derecho de audiencia de la edil, etapas que permitirán determinar el seguimiento que tendrá la solicitud conforme al marco legal aplicable.
En paralelo, el gobierno de Puebla asumió temporalmente las tareas de seguridad en Acatlán para evitar que la confrontación política genere nuevos incidentes, mientras avanzan la auditoría y el procedimiento legislativo relacionado con la permanencia de Guadalupe Bárcenas al frente del Ayuntamiento. Con estas acciones, las autoridades estatales buscan mantener el orden público y garantizar que las investigaciones y los procesos institucionales se desarrollen sin mayores conflictos.
Foto: Agencia Enfoque
