El homenaje al exgobernador priista Rubén Figueroa Figueroa, realizado por autoridades morenistas de Guerrero, desató una ola de indignación entre víctimas, activistas y familiares de desaparecidos. El acto oficial —efectuado el domingo pasado en Huitzuco, con presencia de funcionarios estatales y del Ejército— recordó el natalicio del político conocido como “el Tigre de Huitzuco”, figura central de la represión y las desapariciones forzadas en la entidad durante la década de 1970.
El evento, respaldado por la Secretaría de Cultura de Guerrero, fue justificado como cumplimiento del calendario cívico estatal. Sin embargo, la respuesta social fue inmediata: organizaciones campesinas, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas denunciaron el homenaje como una afrenta a la memoria de los caídos y desaparecidos durante la Guerra Sucia.
La presencia del hijo del exmandatario, Rubén Figueroa Alcocer —también señalado por la masacre de Aguas Blancas en 1995—, profundizó la indignación. Frente a la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso de Guerrero revisar el calendario oficial y cuestionó que se rinda tributo a figuras que “simbolizan la represión y la violencia contra el pueblo”. El llamado reabrió el debate sobre cómo se construye la memoria histórica desde el poder público.
«El Tigre de Huitzuco» y la sombra de la Guerra Sucia en Guerrero
Rubén Figueroa Figueroa fue un político priista, empresario del transporte y gobernador de Guerrero entre 1975 y 1981, señalado como uno de los principales responsables políticos de la represión estatal durante la Guerra Sucia en México.
Originario de Huitzuco, Guerrero, Figueroa ascendió dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras ocupar cargos como diputado federal y senador. Su trayectoria se consolidó en el contexto autoritario del régimen priista, caracterizado por el control político y la persecución de disidencias.
Su nombre está ligado al inicio de la ofensiva militar más violenta del Estado mexicano contra los movimientos sociales y guerrilleros. En 1974, durante su campaña a la gubernatura, fue secuestrado por el guerrillero Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres. Aunque fue liberado meses después, su retorno al poder marcó el inicio de una política de venganza y represión sistemática.
Ya como gobernador, Figueroa consolidó una estrategia de “pacificación” basada en la militarización del territorio y el exterminio de comunidades rurales señaladas de simpatizar con la guerrilla. Bajo su mandato, el Ejército, la Policía Judicial y la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron operativos en Atoyac, Técpan y Coyuca de Benítez que dejaron cientos de desaparecidos y decenas de pueblos desplazados.
En 1976, nombró como jefe de la Policía Judicial estatal al mayor Arturo Acosta Chaparro, posteriormente acusado de dirigir los “vuelos de la muerte”, práctica en la que prisioneros eran arrojados vivos al mar desde helicópteros del Ejército. Diversos informes de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificaron a Figueroa como responsable político de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de la abundante evidencia testimonial y documental, nunca enfrentó cargos judiciales. Su figura fue protegida por el aparato político del PRI y por décadas de impunidad institucional. Falleció en 1991, sin haber rendido cuentas ante la justicia. Los sobrevivientes nombran a esta etapa de la historia de nuestro país no como “guerra sucia”, sino como terrorismo de Estado.
Memoria histórica: una lucha contra la impunidad y el olvido
Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y defensora de derechos humanos en Guerrero, calificó el acto como una vileza y una traición al pueblo guerrerense. Otros líderes sociales y familiares de desaparecidos, como Micaela Cabañas, hija del legendario maestro guerrillero, denunciaron la falta de sensibilidad y conocimiento histórico de los funcionarios que permitieron la conmemoración.
El reclamo de las víctimas no se limita a una fecha en el calendario. Exigen una disculpa pública, la eliminación del nombre de Figueroa del calendario cívico y el reconocimiento oficial a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los maestros rurales que encabezaron la lucha por la justicia social.
Más que un debate ceremonial, el caso plantea un desafío político: si la Cuarta Transformación pretende romper con el pasado autoritario, no puede rendir honores a quienes lo encarnaron. La memoria, como han recordado las organizaciones sociales, no se construye con homenajes, sino con verdad, justicia y reparación.
La Secretaría de Cultura estatal, ante la presión pública, anunció que revisará la Ley de Símbolos de Identidad y Pertenencia, que desde 2018 incluye a todos los exgobernadores en el calendario cívico. Pero más allá de la norma, el episodio exhibe un dilema ético: ¿qué memoria promueve un gobierno que homenajea a los verdugos mientras promete justicia para sus víctimas?
Fotografías: Redes
